Nuevas reglas para aplicar consulta previa a proyectos eléctricos, ¿cuál es el impacto?

Se trata de la Resolución Ministerial 104-2024 dada por el Minem, que incorporó nuevas medidas administrativas que serán objeto de proceso de consulta previa (PCP) para el subsector electricidad, adicionales a las ya existentes, que regían desde el año 2015.

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¿Qué medidas regían hasta ahora?

Hasta ahora, existían seis medidas administrativas en el ámbito eléctrico que se debía realizar el proceso de consulta previa.

Entre ellas, por ejemplo, antes de otorgar las concesiones definitivas de generación, transmisión y distribución; y antes de concesiones rurales para esas mismas actividades.

También previamente a aprobar la modificación de las concesiones definitivas para generación, transmisión y distribución, o concesiones eléctricas rurales cuando implicaba la ocupación de nuevas áreas; y antes de darse autorización y concesión para generación termoeléctrica o de exploración de recursos geotérmicos.

¿Qué se dispone en adelante?

A lo antes indicado, la nueva resolución del Minem establece que una nueva oportunidad de aplicar la consulta previa: será antes de la aprobación de los estudios de ingeniería definitiva de proyectos correspondientes a contratos de concesión suscritos como resultado del proceso de promoción de la inversión privada conducido por ProInversión.

Además, establece que, sin perjuicio de los casos antes citados, ese tipo de consulta también será aplicable para otras medidas administrativas que afecten directamente derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

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Consulta previa antes de las obras

En cualquier caso, refiere, para los proyectos de inversión en electricidad donde se identifique pueblos indígenas u originarios el Proceso de Consulta Previa (PCP) es aplicable antes del inicio de la ejecución de obras del proyecto respectivo.

Ines Vásquez, socia del Estudio Echecopar, explicó a Gestión que esta nueva resolución se aplica, a consecuencia de una sentencia de acción popular que declaró nula la excepción de aplicar el PCP a proyectos de servicio público de electricidad (como los de transmisión eléctrica), excepción que estaba contenida en el reglamento de la Consulta Previa.

Además, comentó que, hasta ahora, el gatillo para aplicar el PCP era cuando la empresa a cargo de un proyecto solicitaba se le otorgue concesión definitiva para ejecutarlo, pero la firma podía iniciar antes las obras, siempre que lograra se apruebe su estudio de impacto ambiental (EIA) o cualquier otro instrumento de gestión ambiental (IGA).

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Retraso en la ejecución

Sin embargo, con este cambio normativo, observó, ahora, para el caso de las licitaciones de proyectos de transmisión encargados a ProInversión, el Minem debe evaluar si se requiere aplicar un PCP y realizarla de forma anticipada, lo cual obligará a los que obtuvieron la buena pro, primero a solicitar y lograr se les otorgue la concesión definitiva (en trámites que pueden tomar hasta seis meses), antes de iniciar obras.

Esto, coincidió, significa que ya no podrán realizar esos procesos (obras y solicitud de concesión definitiva) en paralelo como hasta ahora, sino en forma secuencial, lo cual podría alterar (los planes o cronogramas previstos para) el avance de los proyectos.

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Riesgo para los proyectos

Además, consideró la especialista, esta nueva resolución, en su disposición transitoria introduciría un nivel de riesgo para los proyectos (adjudicados por ProInversión) que hoy en día se encuentran en ejecución.

Ello, explicó, porque la resolución establece que los órganos competentes del Minem evaluarán las acciones que correspondan para la aplicación del PCP a proyectos que, a la fecha de la publicación de la sentencia de acción popular antes citada se encuentren en etapa de ejecución de obras y continúen en dicha etapa, o no cuenten con la puesta en servicio.

“Por la forma como está redactada esta disposición transitoria deja mucha incertidumbre, es un riesgo para los proyectos que hoy están en ejecución y para los cuales aún no se ha expedido concesión definitiva de transmisión”, aseveró la socia del estudio Echecopar.

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Ya habría retrasos en transmisión

Esta situación se produce, cuando, según expertos como Arturo Vásquez, director de investigación de la Escuela de Posgrado Gerens, persisten una tramitología y permisología que impiden que ProInversión pueda licitar más rápido los proyectos de transmisión.

Recordó que el 2023 esa entidad adjudicó proyectos de ese tipo por US$1,300 millones, pero insistió en que aún estamos atrasados en el desarrollo de más redes de alta tensión al interior del país, lo cual además, según refirió, impide a su vez el desarrollo de la generación con energías renovables no convencionales (RER), pues no tendrían cómo transportar su energía a las zonas de consumo.

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SOBRE EL AUTOR

Elías García

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.