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En un proceso expeditivo y tiempo récord, el Congreso de la República aprobó una medida que para algunos sectores es un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Se trata de la derogatoria de una disposición del Decreto Legislativo (D.Leg.) 1607 aprobado por el Poder Ejecutivo a finales del 2023, que permitía que la Policía Nacional del Perú (PNP) intervenga a mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que utilizan explosivos sin la autorización pertinente, un mecanismo recurrente de la minería ilegal, bajo los esquemas del crimen organizado.
Además, daba un plazo de 90 días –que vencía el 20 de este mes– para que los inscritos, sobre todo los que aparecen como suspendidos en el Reinfo presentaran la documentación pertinente para regularizar su situación.
Sin embargo, el Congreso aprobó –con el apoyo de 9 de las 11 bancadas parlamentarias– un proyecto para anular esta disposición. Así, la vigencia del Reinfo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero lo más riesgoso es que se limita la acción de las fuerzas del orden.
La derogatoria ha motivado el rechazo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quienes solicitan que la norma sea observada, al considerar que fomenta la minería ilegal.
“Lamentamos que la medida adoptada por el Parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico”, afirmaron los gremios empresariales, que integran la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
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Aprobación exprés
El proyecto de ley para anular la disposición asociada a la formalización minera nació a propuesta de varias bancadas y fue presentado el mismo día de su aprobación. Aparte de ello, fue exonerado de discusión en comisiones y de segunda votación para ser autorizado.
Doce horas tardaron en sacar la iniciativa, que finalmente se aprobó este miércoles pasadas las 9 de la noche. Con 78 votos, 16 contra y 11 abstenciones, el Legislativo cortó la aceleración de la formalización minera, proceso que, según la última extensión del Reinfo aprobada por el Gobierno de Pedro Castillo, vence a finales del 2024.
De acuerdo con el congresista Eduardo Salhuana (APP), el Congreso tomó esta decisión porque el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades legislativas. “El Gobierno adelantó los plazos ya previstos en la norma. En diciembre se finiquita, pero hasta la fecha ha hecho poco por formalizar: no hay novedades sobre una norma para la pequeña minería”, indicó a Gestión.
Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló en un comunicado respetar la decisión adoptada por el Congreso. “El Minem ratifica que seguirá trabajando en cumplimiento de lo establecido por el marco legal vigente”, indicó el sector. Este diario intentó comunicarse con el Minem, pero mencionaron que no declararían.
Además, miembros de la cartera se reunieron con la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemi) e indicaron estar elaborando un nuevo proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal.
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Preocupaciones y alternativas
Al derogarse la disposición el D.Leg. 1607, se limita el accionar de la Policía para controlar el tráfico de explosivos que la minería ilegal usa, no solo para robar mineral, sino para desviarlos hacia otras actividades ilegales que afectan la seguridad nacional, sostienen los gremios empresariales.
Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE, remarcó que sería saludable que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad que otorga las licencias de uso y almacenamiento de explosivos, debería tener una mayor prolijidad para asegurar que está otorgando esos permisos a empresas formales.
“Esta actividad, por la dimensión que tiene y que supera los US$ 1,000 millones, tiene que estar bancarizada. Esa trazabilidad debe estar a cargo de la SBS y la Sunat”, indicó. Gobitz mencionó que la zonas del país con más minería informal se ubican en Piura, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Cusco, Apurímac e Ica.
Por su parte, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Minera Poderosa, dijo que hay varias soluciones que podría implementar el Poder Ejecutivo para ayudar a los verdaderos mineros artesanales en su formalización y que podrían estar contempladas en su proyecto de ley.
“Creemos importante que se puedan desarrollar iniciativas que permitan alcanzar una trazabilidad adecuada del oro y eso pasa por hacer un seguimiento del trabajo en las plantas de procesamiento, algunas de las cuales obtienen mineral ilícitamente”, indicó. Otro punto es el control del transporte, específicamente de los volquetes que transitan con minerales.
Para Salhuana, el Minem debería retomar la rectoría de la formalización minera, hoy en manos de los gobiernos regionales. Este diario había adelantado que ya es un plan del Minem. “Es drástico, pero necesario. Podrían enviar ingenieros de minas a cada región para hacer un catastro minero con base en el Reinfo. Con ello levantamos la pequeña minería, el que no quiere, es ilegal”, plantea el congresista.
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Legalización
Otra preocupación que ha surgido tras esta derogación es el riesgo de que nuevos mineros ilegales se acojan al proceso legal para obtener un estatus de informalidad. Esto podría dificultar la labor de la Fiscalía para sancionar a aquellos que realizan actividades mineras de manera ilegal.
César Ipenza, experto en temas mineros, señaló que esta derogatoria podría abrir la puerta a un aumento de la minería ilegal, ya que los nuevos infractores aprovecharían el vacío legal para evadir la acción de la justicia.
Además, el especialista destacó la importancia de observar detenidamente la derogatoria y sus posibles implicaciones en el contexto minero nacional.
La minería ilegal movilizó alrededor de US$ 806 millones en el último año. Esta cifra exhibe la magnitud del problema y la necesidad de tomar medidas efectivas para combatirla.
El experto denunció la complicidad en esta situación, sugiriendo que el Minem podría actuar para sacar del proceso de formalización a aquellos que no cumplen con los requisitos. Sin embargo, se ha señalado que en muchos casos el ministerio ha mostrado una actitud pasiva frente a esta problemática.
Valor del oro estaría acentuando explotación
La pandemia desencadenó una serie de cambios significativos en el mercado del oro. Según la SNMPE, antes del brote, el precio internacional del oro se situaba en torno a los US$ 1,300 por onza, pero con la crisis económica global se inyectaron grandes sumas de dinero en las economías, lo que impulsó la búsqueda de activos seguros para preservar el valor. Como resultado, el precio del oro ha experimentado un aumento considerable, alcanzando los US$2,100 por onza en la actualidad.
“Este incremento ha creado un fuerte incentivo económico para actividades como la minería ilegal, facilitadas por legislaciones laxas como el Reinfo, que permite operaciones grises como la compra de explosivos y la exportación de minerales sin controles adecuados”, detalló.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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Subeditora de Economía. Licenciada en Economía (Esan), con estudios de maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PUCP). Tengo siete años analizando la coyuntura y economía nacional.
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