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El actual Gobierno peruano ajustó las normas para incrementar la fiscalización a los compromisos que asumen las industrias extractivas con las comunidades asentadas en las zonas de influencia de esas actividades, con miras a hacer un mejor seguimiento a la solución de conflictos sociales.
Para ello, en julio, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó la resolución ministerial 286-2023 EM/DM, que incorpora como paso adicional (a la actual fiscalización al sector) la Declaración de Cumplimiento de Compromisos Sociales Voluntarios para las operaciones mineras, de hidrocarburos y electricidad, y el formato para su presentación.
Previamente, en mayo, la titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Albina Ruiz, habían anunciado a través de Gestión, que era necesario empezar a fiscalizar el cumplimiento de los compromisos sociales de las mineras, para evitar conflictos.
Sin embargo, en un contexto como este, vale la pena revisar las cifras que dio a conocer el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
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¿Quién ha asumido más compromisos?
Según información de esa institución, Darío Zegarra, vicepresidente del IIMP, reveló que, de acuerdo con un reciente reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en realidad la mayor parte de los compromisos sociales pendientes de cumplir (con comunidades) competen al Estado.
Detalló, citando ese reporte que, de un total de 3,891 compromisos sociales pendientes de cumplir registrados a nivel nacional, 2,724 (el 80%) los asumieron entidades del Gobierno Nacional.
Otros 733 compromisos pendientes fueron ofrecidos por autoridades de gobiernos subnacionales (municipios provinciales o distritales), y una menor cantidad, 434 (el 10%) por las empresas.
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Mecanismos de seguimiento
“En el caso de las empresas, estas cuentan con mecanismos de seguimiento y cumplimiento de compromisos registrados en sus respectivos instrumentos de gestión ambiental, los cuales son fiscalizables. Sin embargo, no se podría opinar lo mismo sobre la gestión del Estado”, anotó Zegarra.
En consecuencia, afirmó que sería conveniente determinar los mecanismos existentes e instituciones que permitan honrar los compromisos asumidos por el Estado para poder cumplir con los objetivos de cierre de brechas a nivel nacional y disminuir la conflictividad.
“(...) ¿qué mecanismos tenemos para asegurar que se honren los compromisos del Estado? ¿qué institución tiene el encargo de fiscalizar y cuál de asegurar que los compromisos del Estado se cumplan? Estas son algunas preguntas válidas que surgen debido a esta problemática”, apuntó.
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Zegarra remarcó que se debe conocer bien la raíz del incumplimiento de compromisos y su efecto en la legitimidad del Estado para liderar espacios de diálogo entre empresas y comunidades.
“Si no hacemos esta reflexión no vamos a salir de esta espiral que no le hace bien ni al país, ni a las empresas, ni a los ciudadanos”, puntualizó.
En su momento, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Víctor Gobitz, había objetado que el Gobierno pretendiera fiscalizar los compromisos que las mineras asumen con las comunidades, en vista que se trata de acuerdos privados, entre dos partes.
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Mesas de diálogo
Para José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), en la gran mayoría de casos, los compromisos sociales se asumen en mesas de diálogo donde participan empresas, comunidades y también representantes del Estado.
Más aún, refirió que la implementación de gran parte de la matriz de acuerdos que surgen en dichas mesas de diálogo, es de responsabilidad estatal, señalando que eso se ha visto por ejemplo a lo largo del denominado corredor minero del sur andino.
Vale recordar que, la falta de diálogo e intervención estatal, ha llevado a bloqueos de vías por parte de comuneros, con la consiguiente paralización de actividades de diversas empresas mineras, entre ellas Las Bambas, situadas en el corredor minero del sur.
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“Pensar que un registro donde solamente las empresas mineras coloquen sus compromisos es demasiado limitado porque las mesas de diálogo por lo general sientan a representantes del Estado a representantes de la empresa y a representantes de las comunidades”, aseveró de Echave, actualmente investigador de CooperAccion.
En tal sentido, concluyó en que se debe implementar una supervisión de los acuerdos que asume el Estado, lo cual pasa por construir una nueva gobernanza para resolver la conflictividad social.
“Sino lo que vamos a ver es que la estrategia central va a ser completamente reactiva es decir cuando el conflicto está ya, y cuando el conflicto escala recién vemos que las autoridades reaccionan y tratan de intervenir. Necesitamos una estrategia que sea más bien preventiva”, planteó.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.