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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó este miércoles que decidió resolver de forma definitiva el contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, celebrado con Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (Azteca) el año 2014, por “razones de interés público debidamente fundadas”.
De acuerdo con la Resolución Ministerial 689-2021-MTC/01, publicada hoy en El Peruano, la caducidad de la concesión regirá a partir de los seis meses de publicada la misma, conforme estipula el contrato de concesión.
A partir de dicha fecha, Azteca deberá iniciar la reversión de bienes al Estado. Además, se encargó al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) la operación del proyecto de manera temporal conforme a lo estipulado en el marco legal vigente, lo que permitirá garantizar la continuidad del proyecto.
La decisión se toma luego de que el MTC iniciara -en marzo de este año- el procedimiento de resolución con la convocatoria a una audiencia pública celebrada el 17 de mayo de 2021, en la cual las partes interesadas presentaron sus opiniones.
“Al inicio de este Gobierno se asumió el compromiso de dar una solución definitiva a una red que encontramos sub utilizada. Tomamos acción conforme con lo estipulado en el contrato, y la decisión adoptada hoy permitirá que el siguiente Gobierno pueda poner en valor el proyecto”, sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González.
A diciembre de 2020, solo se utilizaba el 3.2% de la capacidad instalada de la Red Dorsal y se generaron ingresos que cubrieron el 7.7% de sus costos.
Entre el 2015 y el 2021, el Estado realizó pagos por un total de US$ 290 millones por inversión, mantenimiento y operación, lo que representa un monto de cofinanciamiento mayor en US$ 192 millones (cerca de S/ 730 millones) al estimado durante la estructuración del proyecto, a pesar que no se cumple con la finalidad pública de promover un mayor acceso a la banda ancha, según el MTC.
Entre 2018 y 2020, el MTC y Azteca evaluaron la posibilidad de realizar una adenda para optimizar el contrato y resolver la problemática existente, luego otra para caducar por mutuo acuerdo, y finalmente un acta que, sin modificar el contrato, resolviera el mismo. En ninguna de las oportunidades las partes llegaron a un acuerdo.
“Con el avance en estos meses, hacia fines de este año, un 30% de distritos con al menos un nodo de fibra óptica corresponderá a uno proveniente de un proyecto público. Las redes estatales continúan siendo muy relevantes para promover un mayor acceso a la banda ancha, especialmente en zonas rurales”, señaló a su turno el viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo.
-Posición de Azteca-
Azteca ha advertido anteriormente que llevará a Perú a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) si el contrato de concesión era resuelto de forma unilateral por parte del Estado.
“Luego de diversas conversaciones, el MTC nos sorprendió pateando el tablero. La resolución unilateral de contrato sería una expropiación indirecta, que no dejaría más opciones a Azteca que apelar a instancias nacionales e internacionales como el Ciadi”, dijo Enrique Ghersi, abogado representante de la compañía.
La concesionaria ha asegurado que a lo largo de nueve años, el Estado Peruano no ha podido cumplir con los supuestos contemplados en las proyecciones de tráfico e ingresos calculados por el MTC.