Municipios dejaron de ejecutar S/ 10,359.7 millones de sus recursos para obras

Como se recuerda, las cifras del portal de Transparencia Económica del MEF mostraban el 1 de enero del 2024 que los gobiernos locales habían ejecutado 131% en el 2023, es decir, habían invertido más de lo que tenían asignado para sus proyectos.

Sin embargo, con la última data (ya corregida), se muestra que todos los municipios del país contaban con S/ 28,418 millones asignados para proyectos; de ese total, se ejecutó el 63.5%. Eso quiere decir que S/ 10,359.7 millones no se invirtieron. En términos sencillos, por cada S/ 100 asignados a estas municipalidades para obras, cerca de S/ 40 no se devengaron.

Gestión armó el listado de las 20 municipalidades del Perú que tenían mayor presupuesto institucional modificado (PIM) para invertir, por ejemplo, en infraestructura para sus localidades. ¿Cómo les fue a estas entidades públicas? Acá te lo contamos.

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Los “más ricos”

Las 20 municipalidades con más recursos para proyectos concentraron S/ 4,672.4 millones en 2023. En conjunto, no pudieron ejecutar cerca del 40% de ese total, unos S/ 1,697.4 millones.

Llama poderosamente la atención que la localidad que menos avance registró el año pasado entre los “más ricos” fue justamente el que tenía el mayor PIM de todos: San Marcos, en Áncash. Este municipio devengó solo el 36.2% de sus recursos totales para obras, que ascendieron a S/ 678.2 millones en 2023.

Hay otros seis distritos o provincias más en el grupo de 20 que no pudieron superar el promedio de avance de los gobiernos locales.

En esa situación están las provincias de Sanchez Carrión (La Libertad) y la de Ica (Ica). Ambas ejecutaron incluso menos del 35% de su presupuesto total asignado para obras. Otros que tampoco pudieron superar el resultado general son Santa (46.4%) y Nuevo Chimbote (53.9%) en Áncash (62.8%). El Callao, con un 61.6% de avance, también está en este grupo.

Para Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, si bien 2023 fue el primer año en funciones de los alcaldes distritales, no es la única razón que explica estos bajos ratios de ejecución anual.

“Entre los embates climáticos que sufrió el norte y la convulsión social que se observó en el sur durante el primer trimestre hubo un ‘cultivo’ perfecto para esto. Las cifras prueban que no se pudieron recuperar para fin de año”, explica a Gestión.

Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), agrega que las cifras podrían esconder también que las nuevas autoridades descartaron proyectos que quedaron pendientes en gestiones pasadas.

“Dar continuidad a ciertos proyectos suele ser una recomendación que se les da. Más que nada porque madurar las obras propias de su administración toma tiempo. Tampoco podemos ignorar que, a diferencia de los ministerios y regiones, los funcionarios municipales tienen recarga laboral porque deben manejar más de un sistema administrativo”, refiere a Gestión.

Varias de las localidades listadas, encabezada por San Marcos, reciben canon minero. Al respecto, Carrillo recalca que habría que revisar el mecanismo con el que se asignan estos recursos porque hoy compromete a municipios pequeños a ejecutar montos exorbitantes.

“El sistema está desvirtuado. Hace falta un fondo de estabilización, pero también una regla más justa. Podrían fijarse escalas umbrales, tal vez en base a Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que funcionen como cascada: si se supera, el excedente pasa al nivel de gobierno inmediatamente superior, podría funcionar mejor”, propone.

Gaviño agrega que: “Concuerdo en que hay que revisar el sistema de repartición. Se tiene que retomar el debate. Hay una serie de aspectos por revisar, aunque no se puede ignorar el contexto. Los alcaldes suelen politizar el tema aludiendo que el gobierno nacional les quiere quitar el canon. Eso no puede seguir”.

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Reducciones ineficaces

Una revisión de las cifras finales de la inversión pública en 2023 refleja que varios sectores del Gobierno nacional sufrieron “descuentos” durante el año pasado. Pese a esto, no lograron ejecutar el 100% de sus recursos asignados para obras (ver tabla).

El PIM para proyectos de los diferentes sectores ascendió a S/ 23,410.5 millones, S/ 3,043.4 millones menos que el presupuesto institucional de apertura (PIA), con el que se inicia el año.

Los sectores que más lejos estuvieron de lograrlo fueron Educación y Salud con menos del 90% de avance al final del 2023. Entre su PIM y su PIA hay una diferencia cercana a S/ 900 millones en ambos casos.

Por su parte, el cambio más drástico se vio en Transportes y Comunicaciones. Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) fue de S/ 8,504 millones, pero su PIM terminó siendo S/ 1,335 millones menos. A pesar de ello, no ejecutaron el 100%, ya que devengaron unos S/ 6,621 millones.

En Vivienda, Construcción y Saneamiento pasó algo similar. Su PIM es menor en S/ 1,188 millones a su PIA. Con dicha reducción, el sector cerró el 2023 con un 92.2% de su presupuesto total para obras ejecutado, dejando así unos S/ 122 millones sin movilizar.

De acuerdo con Carrillo, lo que ha pasado a nivel del gobierno nacional es que la inversión pública creció, pero en los proyectos que se realizaron fuera de la Ley de Contrataciones tradicional.

“Los números te dicen que las ejecutoras y contratos regulares han perdido su capacidad, lamentablemente, para ejecutar proyectos a nivel nacional. Están siendo suplantados por otros mecanismos, como Gobierno a Gobierno (G2G)”, asegura.

Por ese motivo, el experto considera que la administración de Dina Boluarte debería mejorar la Ley de Contrataciones del Estado analizando primero qué rasgos del G2G aceleran la inversión pública.

“Ahí tienes una junta de resolución de disputas, se protege a los funcionarios y se les paga bien para que puedan tomar decisiones. Además, la Contraloría no puede paralizar los proyectos. Ver esos elementos debería considerarse para modernizar la ley”, sostiene.

Gaviño, por su parte, cuestiona que el Gobierno hable de crecimiento en la inversión pública no señalando el grueso del gasto. Según la experta este suele estar concentrado en la parte de preinversión, es decir, en la contratación y los estudios técnicos.

“Hablar de récords o aumentos puede ser engañoso. Desde el Estado se suele medir la ejecución financiera, no el cierre de brechas, que es su fin como aparato público”, indica.

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SOBRE EL AUTOR

Alessandro Azurín

Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.