Nuevas disposiciones para uso de áreas protegidas comprometen US$ 1,312 millones anuales

Durante el conversatorio "Las Áreas Naturales Protegidas en el marco del Desarrollo Sostenible en las Actividades de Hidrocarburos", organizado por la SNMPE, Arturo Vásquez, director general de investigación en la Escuela de Postgrado Gerens, se refirió sobre el DS 004-2018 del Ministerio del Ambiente, que deja sin efecto la opinión vinculante del Sernanp para la elaboración del Plan Maestro de áreas naturales protegidas, que estará en adelanta a cargo de los gobierno regionales.

"La limitación en el uso de áreas territoriales de manera antitécnica puede restringir en exceso espacios que pueden contener recursos valiosos para las regiones. Los gobiernos regionales podrían delimitar las áreas con criterios anti-técnicos o políticos, impidiendo irracionalmente el desarrollo de actividades económicas formales clave para el desarrollo de la región", comentó.

"Hay que establecer un balance adecuado entre el nivel de protección ambiental requerido y el desarrollo económico. Si tenemos una visión plenamente conservacionista no vamos a tener recursos para el Estado y para el desarrollo de las regiones; y además, se puede generar una inestabilidad en los inversionistas. Con este tipo de normas lo que podría darse es un desincentivo a la inversión y por ende menos capitales entrando al desarrollo de estos proyectos", agregó.

Para Vásquez, la protección ambiental es importante pero sino se se estable una zona de conservación sin contemplar los criterios técnicos se puede terminar en la paralización completa de las actividades de hidrocarburos; y por el contrario, se abriría espacio para actividades ilegales.

¿Qué compromete en términos económicos?
De acuerdo con Gerens, se comprometen 30,700 barriles de producción de petróleo; aproximadamente 63% de la producción total de hidrocarburos del país y unos 13,670 de barriles de líquidos de gas natural.

"Si se valoriza todos los lotes superpuestos tenemos 3.6 millones de dólares diarios y en el año 1,300 millones de dólares. Entonces, esta problemática impacta en 1,300 millones de dólares. Las empresas formales son las que respetan las regulaciones ambientales, pero si no operan y extraen los recursos de manera regular es difícil que los gobiernos regionales reciban recursos; va a venir un problema de continuidad fiscal a nivel interno", advirtió.