(Fuente: GEC)
(Fuente: GEC)

Desde Brasil, la Agencia Bloomberg reportó que el holding anunciará su declaración en quiebra debido a la creciente presión de sus acreedores. Las obligaciones económicas por los casos de corrupción, así como la reducción de su cartera de proyectos habría afectado financieramente al conglomerado.

En el Perú, el holding cuenta con 55 empresas involucradas en distintos proyectos de infraestructura. Según el Ministerio de Justicia, son 55 sujetos del holding brasileño los que se encuentran comprendidos en la Ley N°30737 en la categoría 1 a agosto del 2018. Aquí se encuentran las subsidiarias de Odebrecht que participaron en proyectos como el Gasoducto del Sur, el proyecto Olmos, Chavimochic, las carreteras IIRSA Norte, entre otros.

Un acuerdo pendiente de homologación

El economista y exdirector de Gestión Manuel Romero Caro sostiene que se deberán conocer más detalles de esta declaración de bancarrota de es decir si es que el holding puede acceder a un proceso concursal en el que los acreedores administren los activos para el cumplimiento de las deudas, o si es que se procedería con la liquidación.

Sin embargo, Romero Caro considera que, así las cosas, el Poder Judicial no debería homologar el acuerdo de cooperación judicial entre el Estado y la empresa brasileña, pues el incumplimiento de los pagos y obligaciones por parte de sería previsible teniendo en cuenta su estado financiero.

"Lo primero y más importante es que en estas condiciones el Poder Judicial no puede aprobar el acuerdo con Odebrecht por la imposibilidad de pago. Aún ni siquiera (ha pasado) el primero de los quince años y ya incumplió. Ya está visto que va incumplir. Esta noticia de ninguna manera es sorpresa porque en nuestro blog ya lo habíamos adelantado en varios artículos", dijo Romero a Gestión.pe.

Además, sostiene que "este acuerdo debería ser anulado o renegociado porque después de la firma han aparecido nuevos elementos de juicio", como el levantamiento del secreto bancario de Josef Maiman. También cuestionó que se haya producido la venta de activos de Odebrecht, como es el proyecto Chaglla, se vendieran permitiendo que los capitales salgan del país, como parte de la ley 30737, que asegura el pago de la reparación civil de las empresas involucradas en actos de corrupción.

"¿Cómo van a afrontar las obligaciones si producto del acuerdo se ha permitido que el mayor activo, que representaba cerca del 70% del valor del mercado de los activos de Odebrecht, se fuera del país?", cuestiona el economista.