Los agentes económicos deben cumplir con ciertas obligaciones ambientales, en parte, para mantener un equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección ambiental. Está en las manos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) investigar posibles infracciones administrativas e imponer sanciones si se incumplen dichas obligaciones; así como dictar medidas cautelares y correctivas.