Aplicativos de taxi y delivery: Congreso discutió, sin éxito, 20 proyectos para regularlas

De acuerdo con un estudio del Observatorio Plataformas Perú, del 2016 al 2021 se presentaron 17 proyectos de ley en el Parlamento con el objetivo de regular los aplicativos de delivery y de taxis, y luego se sumaron otros tres proyectos a la conversación en los años posteriores. Sin embargo, de esas 20 iniciativas ninguna ha tenido un resultado positivo.

“Por un lado se quiere abordar una regulación laboral para definir si los repartidores son o no trabajadores, esa ha sido la discusión frecuente. Hay otro grupo (de proyectos) que trata de hacer una especie de registro para poder regular si las apps pagan impuestos, y hay otros que buscaban proteger a los usuarios porque no hay un marco tampoco que los proteja”, comenta Alejandra Dinegro, presidenta del Observatorio Plataformas Perú, a Gestión.

Del total de proyectos presentados en los últimos ocho años, unos siete se enfocaban solo en regular el servicio de taxi en aplicativos como Uber y Cabify, mientras que el resto buscaban legislar los servicios de reparto y/o transporte mediante plataformas tecnológicas.

Varios proyectos estuvieron cerca de ser ley, uno de ellos fue en el 2021 con el proyecto N° 7567-2020, presentado por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap). Esta iniciativa proponía que los repartidores pasaran al régimen laboral privado regular y tuvieran derecho al 80% o más del costo económico que paga el usuario final por el servicio y el pago de utilidades. Aunque la norma prosperó en la primera votación en el pleno del Congreso, no pudo llegar a una segunda votación, pues se dio el cambio de Gobierno y entró el nuevo Parlamento.

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¿Leyes para repartidores de delivery?

Dinegro indica que, acorde con un reciente estudio que realizaron, solo en Lima hay más de 36,000 personas que se dedican al servicio de delivery, los cuales forman parte de la población informal y subempleada en el país. Si bien se estima que los repartidores tienen un ingreso promedio mensual de S/ 1,800, esto es variable y puede ser menor dependiendo de la cantidad de repartos que hagan pues, acorde al observatorio, el pago base es de S/ 1.20 a S/ 1.50, dependiendo de la plataforma, los kilómetros recorridos, el tiempo de espera o las propinas.

Una de las principales demandas de los repartidores de aplicativos como Rappi y Pedidos Ya es que no tienen un seguro que cubra totalmente los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.

“Muchos aplicativos no tienen un seguro por accidente o por muerte. Lo que sucede es que (el seguro que les dan) solo cubre mientras la persona realiza el reparto de un punto a otro, después de realizar el reparto si esa persona se accidenta o fallece no hay ningún tipo de seguro que los pueda cubrir”, explica Dinegro.

La presidenta del observatorio recuerda que en los últimos años dos proyectos referentes a la regulación laboral de los repartidores de aplicativos han quedado entrampados en el Congreso.

Hace más de medio año, en junio del 2023, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen que recopilaba los proyectos de ley N° 18/2021-CR, 667/2021-CR, 842/2021-CR y 1536/2021CR, para que las empresas de aplicativos contrataran en planilla al menos al 20% de sus trabajadores del servicio de delivery. Sin embargo, finalmente esta propuesta habría regresado a la Comisión de Trabajo y también faltaba la opinión de la Comisión de Economía, pero esta nunca se emitió.

“Para que avance el proyecto de ley va a depender mucho de el autor, de la autora y también del presidente de la Comisión que lo pueda poner en agenda, pero siguen entrampados a nivel de comisión. En los últimos tres años las discusiones se mantienen a ese nivel, al nivel de comisiones, no avanzan”, sostiene Dinegro.

Al ser consultado respecto a la iniciativa que había quedado pendiente, el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Pasión Dávila, reconoció que todavía no se ha planeado discutirla en las próximas sesiones.

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, comentó a Gestión que no está muy bien enterado sobre el tema, pero que revisarán la situación de los proyectos. “Tendría que ver el estatus, entenderás que son miles de proyectos en economía, pero revisaremos cómo está”, dijo brevemente.

En tanto, la congresista Susel Paredes, autora de uno de los proyectos de ley recopilados en el dictamen anteriormente aprobado y luego regresado a la Comisión de Trabajo, fue consultada por este medio sobre su posición y la posibilidad de priorizar su iniciativa, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco se tuvo respuesta de Adriana Tudela, quien también planteó uno de los proyectos que buscaban establecer beneficios a las personas que prestan servicios mediante plataformas digitales.

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¿Se podría establecer alguna regulación sin el Congreso?

Dinegro, del Observatorio Plataformas Perú, indica que hay varios aspectos que se pueden ir regulando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), “sin necesariamente pasar por el embotellamiento del debate legislativo”.

Para Mauro Ugaz, Socio del Área Laboral de EY Perú, sería más complicado esperar que el MTPE realice regulaciones sin una ley del Congreso, teniendo en cuenta que las normas laborales actuales solo aplican a los subordinados que tienen un contrato de trabajo formal.

“Más que el MTPE pueda reglamentar algo, el camino más sensato es esperar que una norma legal del Congreso prevea que tipo de regulación pueden tener ese tipo de trabajos u ocupaciones”, refirió.

Teniendo en cuenta que en otros países ya se han establecido regulaciones a este tipo de labores, el laboralista señala que existen tres escenarios que el Congreso podría aplicar para dar beneficios laborales a los trabajadores de las apps de delivery.

“Hay tres alternativas para la regulación: Regular como algo autónomo, con una norma especial; darle alcance a ciertos beneficios como seguros, algo muy específico; y otro sería incorporarlos a la normatividad laboral general”, sostuvo.

Otra opción, indica Ugaz, es que la asociación de los repartidores puedan llegar a un acuerdo para establecer beneficios, pero manteniendo su autonomía, lo cual finalmente podría ser una vía más rápida.