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A pesar de que la producción petrolera nacional sigue sin recuperarse a niveles prepandemia, la industria petrolera a su vez enfrenta cada vez más obstáculos para operar, y que provienen incluso de las propias entidades del Ejecutivo.
Así se puede colegir de la advertencia que lanzó hoy la agencia estatal Perupetro, que aseguró que la posible creación de una reserva indígena, como resultado de una reciente norma que aprobó el Ministerio de Cultura, obligaría a paralizar la producción petrolera en la selva.
Perupetro dijo referirse al Decreto Supremo 010-2022, dado este 1 de setiembre, que declaró el reconocimiento de los pueblos indígenas Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo en situación de aislamiento, como paso previo a la creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, en la región Loreto.
De hecho, en la citada norma, tras reconocer la exigencia de esos pueblos, el Ministerio de Cultura solicita la creación de la reserva antes mencionada, la cual, según Perupetro, se superpone con los lotes 39 y 67, que están actualmente en operación.
Riesgo de paralización
“La posible creación de la reserva, obligaría a paralizar definitivamente las operaciones petroleras en la selva, poniendo en riesgo el desarrollo energético del país”, insiste la mencionada entidad estatal, encargada de promover las inversiones en hidrocarburos.
Para concretar esta reserva solo queda pendiente un estudio adicional de categorización, con el que esta zona quedaría como área intangible. Es decir, no se podrán desarrollar en esta actividades extractivas, productivas, ni proyectos para atender servicios básicos a las comunidades, limitándose la posibilidad de titulación de áreas a las comunidades de esa zona, entre otros, detalló.
Pero, además, Perupetro advirtió de que se habría vulnerado el derecho a la consulta a las Comunidades Nativas del Alto Curaray y Arabela (pueblos contactados de la zona en mención), al no haberse realizado previo al proceso de reconocimiento, la consulta correspondiente.
Perenco evaluaría irse del Perú
En tanto, fuentes allegadas a la empresa Perenco, encargada de la operación de los mencionados lotes 39 y 67, revelaron a Gestión que esta está evaluando devolver esos yacimientos al Estado peruano, ante la amenaza de que, de crearse la mencionada reserva, no podría ya seguir operando en dichas áreas.
Esas fuentes advirtieron que la creación de esta reserva pondría en riesgo la explotación de más del 25% de las reservas petroleras que se encuentran en los yacimientos de los lotes 39 y 67.
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Perupetro observó que la protección de Pueblos Indígenas es un compromiso de Estado y que esa entidad pública coincide con ese propósito, pero señala que “el Perú no puede renunciar al descubrimiento y producción de reservas de hidrocarburos para lograr el autoabastecimiento nacional y reducir las importaciones de combustibles”.
El Perú importa combustibles por un valor de S/ 20,000 millones al año, lo que demuestra la necesidad de impulsar nuestra producción de hidrocarburos, anotó.
La agencia estatal indicó asimismo que los lotes 39 y 67, actualmente en etapas de desarrollo y producción, cuentan con importantes volúmenes de reservas de petróleo ya descubiertas.
Además, añadió, estos lotes operan bajo contratos de licencia suscritos con el Estado peruano. Es decir, tienen derechos otorgados antes de la propuesta de creación de la reserva indígena.
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Se afecta la seguridad para las inversiones
Por su parte, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, indicó que la norma que ha emitido el Ministerio de Cultura afecta sin duda a la predictibilidad y la seguridad jurídica para las inversiones.
“Este proceso genera incertidumbre porque pone en riesgo la continuidad de inversiones en esos dos lotes, donde se ha invertido más de US$1,000 millones. Es una decisión que consideramos no se ajusta al debido proceso y la predictibilidad jurídica que se requiere para estos casos”, anotó.
Una decisión de esa naturaleza, advirtió Cantuarias, podría llevar a que la empresa pueda decidir el presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones es una institución del Banco Mundial (CIADI) por un claro incumplimiento a los tratados bilaterales de protección de inversiones que ha suscrito al Perú.