¿Planta de urea peruana?: lecciones por aprender del fracaso en las compras del 2022

Castillo propuso construir una planta de fertilizantes en nuestro territorio para tener urea cuando vuelva a haber escasez. Primero se anunció que sería estatal, pero ahora podría ser privada. El último 29 de diciembre, Dina Boluarte rescató la iniciativa y extendió el plazo de la comisión encargada de concretar dicho proyecto. ¿Será un fracaso como los intentos de compra del año pasado?

Para especialistas del sector, la adquisición internacional se cayó porque fue mal diseñada desde el inicio. Un error de origen que, de no ser analizado con detalle y tomado en cuenta como experiencia, enterrará las posibilidades de tener una planta local de fertilizantes en el mediano plazo.

De raíz

Fueron cuatro los intentos de AgroRural, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), por adquirir urea en el mercado internacional durante el 2022. La necesidad existía como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que estalló en febrero. Según cifras de AgroRural, el 68.5% de la urea importada por el Perú venía de Rusia hasta el 2021.

“La urea, antes de la pandemia, costaba US$250 la tonelada en el mercado internacional. En la pandemia, llegó a US$1,000. Con la guerra, US$1,200 en algún momento. El Perú como importador prendió todas sus alarmas”, asegura Marco Vinelli, ex director de AgroRural.

Con un decreto de urgencia, el gobierno de Castillo autorizó en mayo la compra de 73,529 toneladas de urea mediante una compra internacional. Pero todos los procesos, desde el primero que cayó en junio; hasta el último, cancelado el 30 de diciembre, se derrumbaron entre cuestionamientos de la Contraloría por fallas administrativas e indicios de corrupción.

Pero más allá de las observaciones del ente de control, sus caídas eran anticipables por el método de compra escogido, según especialistas en agricultura consultados por Gestión. No tenía sentido que el gobierno intente comprar como lo hizo. Había al menos dos caminos más realistas.

El primero era acudir a los importadores locales de fertilizantes sintéticos. Dos de ellos son las empresas Ceres Perú y Molinos, que existen desde el 2004 y 1994, respectivamente. Según Rosa Urbina, presidenta de la Cámara de Productores y Comercializadores de Fertilizantes Orgánicos (Capefo), se trata de los actores más fuertes del mercado local.

Acudir a las empresas peruanas no hubiese sido inédito en AgroRural. Ocurrió en el 2013 para enfrentar a la roya amarilla, una enfermedad que afecta al café. “Buscamos a los importadores locales. Aquí pudo hacerse igual. Hay precio alto, busco subsidiar parte del mismo. Gana quien da más al menor subsidio. La cadena logística ya estaba arreglada porque ellos ya saben dónde entregar el producto”, recuerda Juan Manuel Benites, ex ministro de Agricultura, quien presidía la institución ese año.

También era más realista, aunque menos eficiente que hacerlo mediante los privados, firmar un acuerdo directamente con países productores de urea. Acudir al mercado internacional era lo más difícil. “El problema era estructural. La única alternativa que debió manejarse era una compra extraordinaria de gobierno a gobierno, un mecanismo especial”, dice, por ejemplo, Eduardo Zegarra, ex jefe del gabinete de asesores del Midagri.

“Las leyes de compras públicas obligan a hacer una selección por precio. Entonces, tenías empresas de dudoso prestigio ofreciendo precios por debajo del promedio internacional. Ganaban y se caía el proceso. No aprendieron del error y siguieron en lo mismo. La incompetencia mostrada ha sido masiva”, complementa Zegarra.

Una posición que comparte el ex ministro Benites. “Los acuerdos de Estado a Estado simplifican el proceso. Te asegura una selección más transparente. El otro Estado ve entre sus proveedores y escoge uno en base a mejor calidad y cantidad”, explica. Uno de ellos, Marruecos, ofreció donar 150 mil toneladas de urea al Perú a mediados del 2022. El gobierno de Castillo nunca respondió.

Mal precedente

El gobierno de Dina Boluarte desistió de buscar urea recientemente, en beneficio del “Fertiabono” (un subsidio para pequeños productores agrarios), pero ha mantenido en pie otra promesa de Castillo: tener una planta de urea local. En septiembre, se creó una comisión para elaborar un informe que determinará la viabilidad del proyecto. El último 29 de diciembre Dina Boluarte extendió su vigencia hasta el 15 de febrero. Ahí se señala que el grupo de trabajo ya tiene un “plan de acción”. Gestión lo solicitó al Ministerio de Producción, pero al cierre de esta edición no respondieron.

Sin respuestas, solo quedan dudas y cuestionamientos por parte de los especialistas. Por ejemplo, la ubicación de la planta y si habrá gas natural cerca, recurso utilizado para que funcione. “El punto más crítico es dónde la ponemos. Con el gasoducto del sur estaba previsto hacerlo en Arequipa. La urea se demanda más en la costa (norte), no sería negocio hacerlo en la sierra. Mientras más cerca esté, mejor logística”, considera Benites.

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“Hay que evaluar costos porque hoy en día está concesionada la explotación y exploración del gas. Hay que hacer las corridas financieras. Políticamente suena bonito, pero temas como renegociar Camisea deben analizarse”, agrega Vinelli, ex director de AgroRural.

Las voces consultadas por Gestión coinciden que la planta iniciaría operaciones recién en 4 o 5 años. “Un gobierno de transición no puede ofrecer cosas de mediano plazo. Probablemente la comisión tenga un informe bueno, pero quedará guardado en una gaveta. Algo más concreto sería una licitación de Asociación Público-Privada (APP) para que privados presenten proyectos”, recomienda el ex ministro Benites.