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En el contexto actual de protección al consumidor, se ha presentado un proyecto de ley que apunta a reformar el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N° 29571). Iniciativa del Congresista Wilson Soto Palacios, esta iniciativa legislativa se centra en un aspecto: la seguridad y bienestar de los consumidores dentro y alrededor del establecimiento comercial.
Históricamente, el enfoque ha estado en los derechos generales del consumidor, como la calidad de los productos y servicios, pero no se ha abordado el entorno físico en el que los consumidores interactúan no solo dentro de algún local, sino también fuera.
Así el proyecto de ley busca expandir la responsabilidad de los proveedores en cuanto a la salud, seguridad e integridad física de los consumidores. Este cambio implica que los establecimientos comerciales deben adoptar medidas activas para garantizar estas condiciones, no solo dentro de sus instalaciones, sino también en áreas de acceso y espera.
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La iniciativa legislativa agrega que “ante condiciones climáticas adversas, deben mantener infraestructura en sus instalaciones y en el acceso de los mismos que garantice una espera segura a sus consumidores”.
“A diario, se puede constatar la presencia de extensas filas en las vías públicas y dentro de las instituciones tanto públicas como privadas, donde los ciudadanos aguardan pacientemente su turno para acceder a los servicios esenciales que buscan satisfacer sus necesidades. Lamentablemente, esta espera se ve empañada por la falta de atención debida debido a las deficiencias infraestructurales que aquejan a estos espacios”, argumenta el proyecto en su exposición de motivos.
Actualmente el artículo 25 de la Ley 29571, el que se busca modifica con el texto propuesto, solo dice sobre el deber general de seguridad: “Los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes”.
Análisis de la propuesta
Ximena Samamé, asociada del área Regulatorio del estudio Miguel Mur & Asociados, explica que el proyecto de ley propuesto busca una muy amplia reforma en la protección al consumidor en establecimientos comerciales.
Además, señala que el proyecto se enfoca en la protección obligatoria de los consumidores bajo condiciones climáticas adversas fuera de los establecimientos. “Obliga a los proveedores a equipar adecuadamente las áreas de espera y acceso para manejar desafíos como lluvia intensa, calor extremo o frío severo”, menciona Samamé.
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Jesús Espinoza, exdirector de Libre Competencia del Indecopi, indica que hay varias inconsistencias sobre el proyecto de ley de protección al consumidor.
En primer lugar, destaca el potencial incremento de costos para los proveedores, que podrían acabar afectando a los consumidores con precios más altos. Este efecto iría en contra de las intenciones de proteger al consumidor.
Espinoza cuestiona la extensión de la responsabilidad de los proveedores a las calles, un espacio tradicionalmente bajo la jurisdicción de las autoridades estatales. Argumenta que este cambio podría desdibujar las líneas de responsabilidad y no ser efectivo.
Finalmente, señala la existencia de jurisprudencia que ya aborda la seguridad en los establecimientos comerciales, poniendo en duda la necesidad del nuevo proyecto.
Critica la falta de especificidad en las medidas para condiciones climáticas adversas y la atención a personas con discapacidad, sugiriendo que esto podría llevar a malas interpretaciones y una aplicación desigual de la ley, concluye.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
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