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El proyecto de ley que propone la regulación de precios máximos de medicamentos y excepcionalmente la regulación de precios de las tarifas clínicas sea regresó a la Comisión de Salud del Congreso para una mejor revisión y estudio.
Así lo aprobó el Pleno del Congreso con 83 votos a favor 15 en contra y 5 abstenciones.
Durante la sesión plenaria, el presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino, sustentó el proyecto de ley en mención (PL N° 5657) y señaló que dicha iniciativa tenía como objetivo autorizar a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) para la regulación de precios máximos de medicamentos básicos y medicamentos para el tratamiento de COVID-19.
La iniciativa también buscaba autorizar a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para que regule de forma excepcional los precios máximos de las tarifas de clínicas y se proponía la creación de un organismo regulador de precios máximos en el sector salud.
También, se dio a conocer a la representación que recibió algunos aportes que fueron acumulados de otras iniciativas de ley relacionadas para su debate.
Luego del informe, el congresista Moisés Gonzales señaló que el pueblo no puede ser culpable de la incapacidad del Gobierno», y defendió la constitucionalidad de la norma. Su colega Diethel Columbus señaló que se debe legislar con la data e información básica para estos casos, y se debería mirar este problema de forma integral.
Las parlamentarias Rita Ayasta de Díaz y Mónica Saavedra Ocharán coincidieron en señalar la necesidad de mejorar dicha propuesta en las comisiones respectivas; en tanto Aron Espinoza cuestionó la labor de Susalud por el poco o casi nada de control en el alza de los medicamentos y por el abuso de las clínicas privadas en contra de la población.
Los legisladores Lenin Bazán y Enrique Fernández coincidieron en señalar que la crisis en el sector salud es parte de la crisis social y la falta de responsabilidad del Ministerio de Salud, en su rol de administrar una adecuada gestión de salud pública.
A su turno, la legisladora Martha Chávez señaló que ya existen entes reguladores para evitar abusos y distorsiones, y que no se puede impedir o regular la libertad del mercado.