Rutas de Lima: “Las declaraciones del alcalde vulneran frontalmente el estado de derecho”

A raíz de la medida cautelar —decidida por el Tribunal Arbitral Ad hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)— que suspende la caducidad del contrato de concesión de la Panamericana Norte y Sur suscrito entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima; el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó duramente la decisión.

“Es escandaloso. Esto ha motivado que la Procuraduría Municipal denuncie penalmente a este tribunal”, dijo el alcalde. Incluso acusó a los miembros del tribunal de cobrar US$500,000 por “dar una cautelar en un tema del cual no eran competentes”.

¿Qué dice Rutas de Lima al respecto? Sobre la supuesta ilegalidad de las mismas y los pagos al tribunal para obtener dichas medidas cautelares, la concesionaria señaló que dichas alegaciones son falsas.

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“Como es usual en los contratos de concesión suscritos por el Estado peruano, y en línea con lo que establece el marco normativo aplicable, el contrato de concesión entre la Municipalidad de Lima (MML) y Rutas de Lima prevé el arbitraje internacional como mecanismo para resolver controversias”, aclara la compañía.

Agregó que las órdenes emitidas por el Tribunal Arbitral internacional, incluyendo sus recientes medidas cautelares, “son de obligatorio cumplimiento para las partes” y tanto la competencia del tribunal como el otorgamiento de medidas cautelares, han sido declaradas de manera unánime por los miembros de dicha entidad.

“Los actos recientes de la MML y cualquier incumplimiento de las medidas cautelares suponen la amenaza de actos expropiatorios y arbitrarios, atentan contra la inversión privada y ponen a la MML fuera del estado de derecho”, resalta Rutas de Lima.

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La concesionaria detalla que los pagos efectuados a la fecha al Tribunal Arbitral Internacional fueron girados a la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya (CPA) y “corresponden a costos del procedimiento arbitral, tales costos se fijan conforme al reglamento arbitral aplicable y deben ser pagados por Rutas de Lima y la MML en partes iguales”.

“Las declaraciones del alcalde de Lima vulneran frontalmente el estado de derecho y la protección que el Estado peruano promueve frente a las inversiones en el país. Por ello, inversionistas internacionales en Rutas de Lima ya han presentado una notificación de disputa ante el Estado peruano, en el marco de mecanismos de protección bajo tratados aplicables”, remarca.

Añade que: “Rutas de Lima hace un llamado a la Municipalidad y al Estado peruano del que forma parte, a respetar el contrato de concesión y dar cumplimiento inmediato a las decisiones emitidas por el Tribunal Arbitral Internacional”.

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