SBS propone calcular multas según ingresos de entidades supervisadas

Entre las propuestas en materia financiera que promueve el gobierno de Pedro Castillo se incorporaron cinco iniciativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las cuales fueron detalladas por la jefa de la institución, Socorro Heysen.

Entre las propuestas, se buscará incrementar el tope máximo de multas que puede imponer la SBS “con el objeto de que esta aplicación de sanciones sea disuasiva y suficiente” y, de esta forma, “evitar la comisión de conductas infractoras por parte de las entidades”.

Según explicó Heysen, las multas establecidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, aprobada en 1996, se encuentran desfasadas. Así, el tope actual de multas es de hasta 200 UIT.

“El tope actual de multas es de menos de S/ 1 millón que es bajo, lo que proponemos es que ese tope suba y esté vinculado a los ingresos de la entidad supervisada que recibe la multa”, señaló durante la conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otras propuestas

Una segunda iniciativa apunta a incrementar el número de competidores en el mercado de empresas de transporte de valores o Empresas de Transporte, Custodia y Administración de Numerario (Etcan) -hoy solo hay dos-, reduciendo el capital mínimo para establecer una de estas empresas. “De esta manera, se reducirán los costos de transporte facilitando las operaciones del sistema financiero”.

También se facilitará la existencia de entidades u oficinas 100% digitales. “La ley actual obliga a que una entidad financiera tenga por lo menos una oficina principal física y eso en la práctica no tendría que ser necesaria para una entidad digital”, anotó Heysen.

Además, se buscará la simplificación del proceso de licenciamiento y supervisión de empresas que no realizan captación de depósitos del público.

Por último, se propuso adecuar la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero relacionada con la composición del patrimonio efectivo al estándar Basilea III, a fin de mejorar la calidad del patrimonio efectivo y fortalecer la solvencia y estabilidad del sistema financiero peruano, en resguardo de los ahorristas.