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La inseguridad ciudadana está desbordada pese algunos intentos –por ahora poco efectivos– del Gobierno peruano por controlarla. La falencia principal sería una estrategia clara para combatir la delincuencia, pues cuando se revisa la ejecución del presupuesto público que se asigna para combatir este flagelo, hay avances importantes en el gasto.
Los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) cuentan con S/ 5,701 millones para atender la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, de acuerdo con Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 03 de diciembre último.
De este monto, se ha devengado S/ 4,671.6 millones, es decir, se registra un avance del 81.9% a la fecha. Con esto, quedan pendiente por ejecutar S/ 1,029.4 millones hasta el cierra del año.
En los últimos cinco años, el promedio de ejecución se ha ubicado por encima del 90%, es decir, de cada S/ 100 asignados para reducir los delitos e inseguridad ciudadana, solo queda sin gastarse S/10.
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Niveles de gobierno
Este año, el Gobierno nacional, concentrado en el Ministerio del Interior (Mininter), tiene asignado S/ 3,968.6 millones, de los que ha gastado 86.9% a la fecha.
Los gobiernos locales son el segundo nivel de gobierno con mayor presupuesto contra la inseguridad (S/ 1,686.9 millones), de los que ya devengó el 71.8%.
Contrariamente, las regiones tienen el menor gasto: de los S/ 45.4 millones con los que cuentan para el fin mencionado, han gastado solo el 29.1%. Este sería el segundo año que devengan menos del 50% (en el 2022, de los S/39.5 millones con los que contaba, gastó el 48.9%).
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Una estrategia ausente
Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, comenta: “Lo que habría que evaluar es cuáles son las actividades ejecutadas bajo el paraguas de este presupuesto. Lo que hay que preguntarnos es cuál es la efectividad de esas acciones, por ejemplo, en prevención y si son realmente eficientes en lo que se gasta. Porque claramente la victimización ha aumentado. No hay prevención eficiente que evite cortar la cadena del delito”.
Hay algunas acciones generales como patrullaje por sector, operaciones policiales para reducir delitos y faltas, comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana, entre otros.
También hay otras acciones específicas como mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen, de los servicios de seguridad ciudadana en San Juan de Lurigancho, de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarías rurales en Lambayeque, de la capacidad de respuesta del serenazgo en La Joya (Arequipa), entre otros.
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Medidas por tomar
En un primer nivel de atención, Vargas dice que se necesita que los municipios erradiquen los mercados de objetos robados, tengan un sistema interconectado de videovigilancia, que haya un patrullaje integrado y sin fronteras, ordenamiento de la ciudad, entre otros.
El segundo nivel, agrega, es la lucha contra el crimen organizado violento urbano, “en el que estamos a la deriva”. Y el tercer nivel es la lucha contra las economías ilegales, como minería ilegal.
“Necesitamos una estrategia total. No tiene que ser un trabajo de largo aliento. Estamos absolutamente a la deriva”, puntualizó.
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