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Un desafortunado debate en el Congreso de la República por la implementación de un “baño neutro” por poco deja a Lima sin la oportunidad de ser sede de la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los empresarios del sector hotelero, con una afectación más a su nivel de ocupación.
Todo se originó por un artículo del proyecto de Resolución Legislativa Nº 2548 enviado por el Poder Ejecutivo, en el que la OEA solicitaba que el gobierno peruano proporcione, además de baños para hombres y mujeres, al menos un baño “neutro”, lo que fue interpretado por algunas bancadas del Parlamento como un intento de implementar baños trans. Así, la decisión en un primer momento fue archivar el proyecto pero tras los cuestionamiento, en los que incluso intervino la Cancillería, finalmente se aprobó el pasado 15 de julio.
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“No hacerlo podría haber significado no solo perder este evento de tres días, sino todos los eventos futuros porque ¿qué organismo apostaría por Perú para realizar un evento de esta magnitud?” se preguntó Tibisay Monsalve, gerenta de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP).
De acuerdo al gremio, se proyecta la llegada de más de 300 personas a la 52 Asamblea General de la OEA, entre funcionarios de alto nivel y sus delegaciones, quienes demandarán reservas para hoteles cinco y cuatro estrellas principalmente, cuyo costo aproximado por persona y por día puede ser desde US$ 250, lo que implica ingresos mínimos por casi US$ 250 mil en un contexto en el que el sector hotelero aun está en proceso de reactivación.
El nivel de ocupación aún está a un 40% del nivel prepandemia y la SHP espera cerrar el año con un nivel de 50% y ya no de 60% como se pensó a inicios del año.
Son varios los factores que siguen impactando en este sector. “Damos un paso pero retrocedemos cinco. Primero fueron las paralizaciones temporales del aeropuerto de Juliaca (Puno), luego las pocas entradas a Machu Picchu, el paro de controladores aéreos en plena Semana Santa y ahora el posible desabastecimiento de combustible en los aeropuertos. Es un problema tras otro que nos complica reactivarnos como esperábamos”, sostiene Monsalve.
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Imagen país
Por su lado, Carlos Posada, exviceministro de Comercio Exterior, señaló que el debate generado en el Congreso pudo perjudicar la imagen de Perú como destino apto para cualquier foro o reunión internacional.
“El debate se centró en un tema que no tenía que ver con el evento en sí. El Ejecutivo envió el proyecto para que se autorizara los recursos que se iban a destinar para la realización de la Asamblea, no ver el tema operativo. Quizá ahí hubo un error del Ejecutivo, se debió mandar solo la cuestión administrativa”, opinó.
Cabe indicar que Perú aportará US$ 585,321 para financiar el “traslado y estadía de los servicios de secretaría” para la celebración de la Asamblea General. El depósito, según el acuerdo, se deberá realizar a más tardar el 5 de agosto próximo.
Se estima que el costo total del evento es de US$ 695,321. La OEA aportará la diferencia.