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El 16 de noviembre, el Poder Ejecutivo aprobó las líneas de intervención que orientarán la implementación de la denominada por el gobierno “segunda reforma agraria” para incrementar, de manera sostenible, los ingresos y la calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, como parte de la Política General del Gobierno 2021-2026.
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Pero, a las críticas que han surgido por la utilización de mecanismos para restringir las importaciones de productos agrícolas -como lo han advertido desde la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)- se ha sumado la preocupación sobre un elemento primordial para la industrialización del agro y la transformación productiva del campo: el agua.
Y aunque uno de los lineamientos está vinculado con la seguridad hídrica y desarrollo de infraestructura de riego de manera planificada y priorizada, Alfonso Bustamante, director de Agrícola Cerro Prieto, muestra su preocupación porque “no mencionan la siembra y cosecha de agua, ni la situación de los títulos habilitantes del agua”.
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Barrera latente
En esa misma línea, Juan Carlos Salinas, director del Área de Infraestructura del Estudio Muñiz, y Juan José Cárdenas, líder de Proyectos e Infraestructura de EY Law, consideran que la llamada “segunda reforma agraria” no va a tener los resultados que se esperan si los proyectos de irrigación que actualmente se encuentran paralizados continúan en la misma situación.
“Dentro de los lineamientos de la segunda reforma agraria, se encuentra impulsar mercados para la agricultura familiar; impulsar la industrialización del agro y la transformación productiva del campo; y generar seguridad hídrica e incrementar el desarrollo de infraestructura de riego, pero ninguna de esas cosas se va a poder cumplir si es que no damos continuidad a los grandes proyectos de irrigación, a través de la promoción de la inversión privada en este sector”, afirma Salinas.
Mientras que Cárdenas sostiene que es “muy probable” que los resultados de la segunda reforma agraria no sean los esperados si los principales proyectos de irrigación siguen paralizados. “En realidad, una buena forma de iniciar una segunda reforma agraria sería destrabar estos proyectos y permitir que se generen todos los beneficios que ellos podrían traer al país y, específicamente, a las regiones donde se encuentran ubicados”, señala.
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Proyectos paralizados
Por su envergadura, Majes Siguas II (Arequipa) que representa una inversión de S/ 2,019 millones, Chavimochic III (La Libertad) que demandará S/ 3,149 millones y Alto Piura que supera los S/ 470 millones de inversión, encabezan la lista de proyectos de irrigación paralizados que encienden las alarmas.
Pero, no serían los únicos. Salinas sostiene que la misma situación se repite con el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (Petacc) y con la Cuenca de Río Grande-Santa Cruz-Palpa, ambos en Ica.
Sobre los tres primeros proyectos mencionados, Cárdenas refiere que si no se destraban y ejecutan, va a ser difícil que otros proyectos de irrigación de esa envergadura se lleven a cabo en el futuro. “No podemos desaprovechar como país los avances e inversiones, en tiempo, dinero y esfuerzo, que ya se han hecho en estos proyectos”, anota.
Beneficios a la vista
Con relación a la importancia que revisten esos proyectos, Salinas afirma que las grandes inversiones -como las mencionadas líneas arriba- no solo permiten ampliar la frontera agrícola sino que también ayudan a la tecnificación y profesionalización del trabajo en el campo y a la generación de eficiencias en la gestión del recurso hídrico.
En ese sentido, recuerda que Majes y Chavimochic suponen, en conjunto, 60,000 hectáreas más de frontera agrícola y más de 300,000 empleos; mientras que el proyecto Alto Piura añadiría 19,000 hectáreas nuevas.
“La agricultura ha demostrado ser uno de los motores de crecimiento constante de la economía peruana y el desarrollo de grandes proyectos -el último adjudicado fue Olmos- ha demostrado, también, que es una forma de generar no solo riqueza para el país sino bienestar social con mayor formalidad, mayor trabajo y crecimiento económico y social”, añade.
Tomando en cuenta el impacto que estos proyectos de irrigación representan para la ampliación de la frontera agrícola y para la generación de nuevos puestos de empleo, Cárdenas no duda en mencionar que “su efecto en la reactivación económica, en el PBI y en los ingresos para la canasta familiar es importantísimo para el país, más todavía en este momento en que nos encontramos saliendo de la pandemia”.