Congreso insiste en tarifa única con límites que frenaría masificación de gas

La referencia es al proyecto presentado en el 2021 a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) que plantea, entre otros, crear una tarifa única de ese gas, de forma que en ciudades del interior del país donde llega ese combustible, sea similar a la que se cobra en Lima y Callao.

Sin embargo, en la comisión antes citada, se modificó la propuesta original, donde establecía que la tarifa única alcance a consumos de hasta 900,000 metros cúbicos (m3) mensual, es decir a todo tipo de consumidor. La comisión puso un tope de consumo mucho menor, de hasta 50,000 m3 al mes.

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Con esa modificación, ese grupo de trabajo parlamentario aprobó un dictamen, que a su vez fue aprobado por el pleno del Congreso, pero que fue observado por el Gobierno, lo que llevó al texto a retornar a comisión. Ahora, después de tres años de idas y vueltas, nuevamente la Comisión de Energía y Minas del Parlamento dio luz verde al tema. Sin embargo, pese a las recomendaciones de diferentes actores, se mantuvo el tope de 50,000 m3 al mes.

“Definitivamente es una decisión muy preocupante porque esto no contribuye a la masificación del gas natural. Las regiones van a tener que seguir esperando 20 años más para lograr que llegue el gas natural a un precio competitivo a los hogares, a las pymes e industrias en general a las regiones, porque el Congreso ha decidido limitar los 50,000 m3 de gas, y que nadie sabe de dónde ha salido esa cifra”, refiere a Gestión el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias.

Agrega que no hay ninguna entidad que haya propuesto el límite de 50,000 m3 de consumo al mes, pues el Minem, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), los gremios y los especialistas recomendaron que (el beneficio de una tarifa única de gas) se aplique a consumos de hasta 900,000 m3 al mes, solo clientes regulados, para que se puedan hacer inversiones en infraestructura de ductos.

De hecho, ayer, antes de la votación en la comisión, el regulador insistió que el texto quede como: “Se crea el mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural, cuya finalidad es nivelar los precios finales del gas natural para los usuarios regulados del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional que superen los 900 000 m3/mes”, lo que no fue tomado en cuenta.

Además, el mismo Minem, cuando observó la ley la primera vez, objetó que se aplicara la restricción antes citada, señalando que ello desincentivaría a la mediana y gran industria de pasarse al consumo de gas natural.

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¿Una campaña en contra?

Felipe Cantuarias señala a Gestión que, en reunión del gremio que representa con miembros de la comisión de Energía y Minas, se consultó por qué el grupo de trabajo introdujo el tope antes mencionado (de 50,000 m3 mensuales), pero no recibieron explicación técnica para ello.

Sin embargo, Cantuarias añade que existe una campaña de oposición (al proyecto original del Gobierno) que, según afirmó, estaría vinculada a un grupo de cuatro o cinco empresas comercializadoras de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), que son las que venden esos productos a las industrias en el interior del país, y además lo ofrecen como gas natural vehicular (GNV).

Refirió que esas empresas habrían remitido una carta a la comisión, en la cual planteaban que se pusiera un tope de consumo mensual (a beneficiarse con la tarifa única) de 75,000 m3 mensuales. “Obviamente, buscan que mientras menos (competencia) mejor para su negocio. Pero, es peor para las regiones”, anota.

“Ellos (las comercializadoras) obviamente, quieren (mantener) ese negocio, y son los únicos que se oponen a la aprobación de esta norma, lo que ha generado mucha preocupación”, añade.

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¿Qué pasa si no hay tope?

Explica que si se eliminara ese tope y restituyera el volumen original planteado (900,000 m3 al mes) las concesionarias a cargo de la distribución del gas natural en ciudades del interior, podrían celebrar contratos de suministro con las industrias en sus zonas de influencia, (desplazando a las comercializadoras).

“(Con el tope), como no habrá ingresos para los concesionarios, no va a haber inversiones para infraestructura de ductos. Además, recordemos que el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) no tiene recursos para invertir en infraestructura de ductos. Por eso decimos que las regiones van a tener que esperar 20 años más para masificarse. Hoy día ganó el centralismo”, subraya Cantuarias.

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Clientes ancla

El beneficio de incorporar a todos los actores -anota- sería que esas industrias funcionarían como “clientes ancla”, sobre la base de los cuales, las concesionarias de la distribución de ese gas podrían aplicar el principio de subsidio cruzado: pagan más los consumidores con mayor capacidad, y menos los usuarios de menor consumo.

Por cada “cliente ancla”, dice Cantuarias, la empresa concesionaria tendría recursos para construir unas 3,000 conexiones domiciliarias, y señaló que ese mismo modelo de subsidio cruzado se aplica para otros servicios en el país como el del agua potable.

Citó como ejemplo que, en Lima, el distribuidor Cálidda ha vendido el gas de Camisea a muchas industrias en la capital, y con ello ha financiado el tendido de redes en toda su zona de concesión.

Agrega, si hubiera una tarifa única, o nivelada, esas industrias en provincias, además de las micro y pequeñas empresas (mype), tendrían el beneficio que podrían adquirir gas natural a precio 40% más económico que el gas natural que le compran a las comercializadoras de GNC y GNL.

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Incentivo a industrias en el interior

Vale explicar que el mayor costo del gas natural (sea comprimido o licuado) en el interior, se debe a que, primero, debe ser comprimido o licuado a bajas temperaturas, transportado en camiones cisterna especiales y ser regasificado en plantas regasificadoras, proceso por el que no pasa el mismo producto en Lima y Callao, al ser transportado como gas por el Gasoducto de Camisea, resultando así más barato en la capital.

Cantuarias refirió que, el beneficio de aprobarse el proyecto original, es que podría incentivar la instalación de industrias en el interior del país, dado que las regiones tendrían un combustible más barato, y considerando además que en esas zonas el costo de predios y de mano de obra es menor que en la capital.

Pero si no se aprueba tal cual, señalo que afectaría no sólo el crecimiento industrial, sino también la conversión de más vehículos a GNV en el interior del país.

En tal sentido, finalmente el presidente de la SPH invocó a la comisión a que “piensen en términos de país, que tienen que sacar una ley en beneficio de las regiones, que promueva la descentralización económica; decidamos en beneficio de las regiones del país no en beneficio de algunas cuantas empresas”.

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SOBRE EL AUTOR

Elías García

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.