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En el escenario de violencia que se ha generado estos días en el país, si bien los reflectores se enfocan en los actos vandálicos en la capital y aeropuertos del sur, al mismo tiempo se están perpetrando ataques soterrados a instalaciones de energía en diversas zonas del interior.
Según empresarios del sector eléctrico, este jueves grupos de manifestantes intentaron tomar el complejo hidroeléctrico El Mantaro (Huancavelica), de Electroperú, que abastece al 33% de la demanda nacional de electricidad del país, pero fueron repelidos por personal de seguridad.
Al mismo tiempo, señalaron, otro grupo incursionó nuevamente en la estación de bombeo del gas natural de la empresa TGP, en la zona de Kepashiato, Cusco, que permite su transporte por el Gasoducto de Camisea, pero fue también repelidos.
Como se sabe, el ducto de Camisea abastece en la capital a diversas plantas termoeléctricas, que actualmente, generan el 53% de la energía que se distribuye a través del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que opera el COES.
Pero, a su vez, Camisea permite el suministro del 75% del GLP que consume el país (y se elabora en la planta de Pluspetrol en Pisco).
Obligan a cortar circuito eléctrico
Igualmente, indicaron, los vándalos obligaron a cortar el circuito eléctrico del consorcio Transmantaro, que es el concesionario de la Línea de transmisión Mantaro-Socabaya, responsable de unir el Sistema Interconectado Centro-Norte con el Sistema Interconectado Sur (del SEIN).
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A su vez, otros grupos de manifestantes ingresaron a la Central Hidroeléctrica San Gabán II y paralizaron su operación, aprovechando que cuenta principalmente con seguridad privada y escaso personal policial.
Asimismo, refieren, se supo de amenazas de tomar la hidroeléctrica de Machupicchu, aprovechando que carecería de protección.
Mientras tanto, este viernes se supo que la empresa Repsol solicitó auxilio policial al enterarse de la presunta intención de grupos violentistas de realizar manifestaciones frente a la refinería La Pampilla, en Ventanilla, lo que conllevó que se estableciera un cordón policial en la zona.
En tanto, los bloqueos de vías en el sur están acentuando el desabastecimiento de GLP en las regiones ubicadas en esa parte del territorio.
Ataques al SEIN serían planificados
En esa línea, los empresarios del sector (que pidieron no se publique sus nombres), señalaron que, en reunión con autoridades del Gobierno, el ministro de Defensa, Jorge Chávez les informó que estos ataques son al parecer planificados y buscan afectar a todo el SEIN y el sistema de suministro de combustibles del país.
En la misma reunión, indicaron que autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha identificado y aprobado una relación de grandes activos críticos en el sector energético, compuesto por menos de 20 instalaciones de energía e hidrocarburos.
Sin embargo, refieren que los empresarios del sector, en carta conjunta al Ejecutivo, han solicitado que, más allá de identificar tales activos, el Gobierno elabore un plan de defensa de activos críticos con participación de las Fuerzas Armadas, y no que espere a que sufran ataques tales instalaciones antes de reaccionar.
Proyecto de ley para penalizar ataques
Se trata de impulsar también, anotaron, que se elabore un proyecto legal para que declare activos estratégicos dentro de los sistemas nacionales, de forma que, si grupos organizados pretenden atentar contra ellos, se les considere no un acto de extorsión (como ocurre actualmente), sino de terrorismo.
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Al respecto, Anthony Laub, del Estudio Laub & Quijandría, señaló que la legislación estipula que el Estado tiene el deber de cuidar toda infraestructura energética cuya afectación pueda poner en riesgo el suministro de energía al país.
Tal obligación estatal, anotó, está contenida en todas las normas del sector energético, tanto las referidas al gas natural como para lo que es petróleo y electricidad.
Además, recordó que toda la legislación energética está derivada en función a concesiones, es decir sesiones de activos a un privado para que los explote en una actividad inherente al Estado como es el suministro de energía.
“El concesionario actúa (en representación de) el Estado en proveer un servicio, de allí que, como todos esos activos tienen un bien público o deben retornar a favor del Estado, este tiene un deber de cuidado adicional sobre esos bienes”, subrayó.
Gremio rechaza actos de violencia
El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, por su parte, señaló que su gremio rechaza toda forma de violencia y vandalismo contra la actividad privada, que es el motor de la economía.
En el caso de aquellas regiones que están en estado de emergencia, remarcó, las fuerzas del orden deben brindar protección a aquellos activos críticos, que son fundamentales para brindar servicios a la población, y generar ingresos que recibe el país.
“El ministro de Defensa indicó que las fuerzas armadas han venido brindando seguridad a los activos crítico. Creemos que es importante seguir dando seguridad y protección a todas las inversiones en el sector hidrocarburos y minería, y se garantice la seguridad de instalaciones”, aseveró.
Remarcó que toda solución a una protesta, requiere del diálogo, por lo cual exhortó a los que realizan manifestaciones a sentarse a conversar con el gobierno para solucionar sus demandas.