Otra consecuencia de la falta de planificación

CONTINGENCIA. Cuando el gas de Camisea era el proyecto más grande jamás realizado en el país, hace poco más de una década, los gobiernos de entonces anunciaban que el país no enfrentaría ningún problema de falta de suministro de energía en el futuro. Pues bien, el probela ya forma parte de nuestro presente y el actual riesgo de escasez de electricidad es factible y se ha convertido en una de las causas del incremento de las tarifas del servicio.

Para entender por qué se llegó a esta situación, habrá que recordar que el Estado peruano decidió enfocarse en promover la inversión en la generación termoeléctrica –que se nutre del gas–, dejando de lado una alternativa que utiliza una fuente de energía renovable: la generación hidroeléctrica. Por supuesto que ninguna autoridad previó que la demanda por electricidad sería mucho mayor que la estimada, o no escucharon las advertencias que por entonces hacían algunos expertos en el tema.

Lo cierto es que el crecimiento de la economía –que ya lleva catorce años consecutivos– ha tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad de energía y, como siempre ocurre, la falta de una planificación seria e inteligente está pasando factura. Se trata, pues, de otra bomba de tiempo de efecto retardado que el actual Gobierno tendrá la necesidad de desactivar. Esto porque las nuevas tarifas, que regirán desde el mes entrante, tendrán un impacto directo sobre la inflación.

Si bien se ha informado que las tarifas eléctricas residenciales no aumentarían, sí lo harán las que pagan las empresas grandes, medianas y pequeñas. Y este aumento en sus costos de producción será trasladado a sus precios de venta al público, de modo que bienes como el cemento, fierros para la construcción y otros artículos se encarecerían. Incluso los comercios y servicios tendrían que incrementar sus cobros, a menos que opten por atender al público a oscuras (algunos ya han reducido al máximo el uso de aire acondicionado).

Los industriales han reclamado y consideramos que con razón, pues el reajuste para los grandes usuarios alcanzaría el 14%. Los mayores afectados serían los exportadores, pues en su caso un traslado de los costos adicionales a los precios no sería la solución óptima, y, en suma, perderían competitividad.