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Las apps de entregas a domicilio en Colombia alcanzaron un acuerdo preliminar que garantizaría aportes a seguridad social a 120,000 trabajadores, a medida que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca impulsar los derechos de los trabajadores.
Con el acuerdo, las empresas de reparto, incluida Rappi Inc., pagarían el 60% de las contribuciones a salud y pensión de sus trabajadores aunque sigan siendo contratistas independientes, según un acuerdo entre el Gobierno y AlianzaIn —que representa a Rappi, Didi y otros—, dijo el director del grupo, José Daniel López.
Actualmente, los mensajeros de reparto no tienen estos beneficios.
Para Rappi, una aplicación de reparto respaldada por SoftBank Group Corp., estos costos podrían ascender a más de 6,000 millones de pesos (US$ 1.4 millones) al año, según estimaciones de Americas Markets Intelligence.
El acuerdo se enmarca en la reforma laboral que volvió a presentar Petro, parte de su intento por reformar el modelo económico del país al impulsar los derechos de los trabajadores y aumentar el papel del Estado en la atención médica y la prestación de pensión.
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Si bien un proyecto de ley anterior fue archivado anteriormente este año debido a la fractura de una coalición gubernamental, la Administración Petro envió un proyecto de ley actualizado al Congreso previamente este mes. Esto impondría restricciones significativas a los contratos temporales, establecería una jornada laboral máxima de ocho horas y dificultaría el despido de trabajadores.
Los comités laborales del Senado y la Cámara de Representantes deben votar la propuesta antes de que sea discutida por el pleno del Congreso. Organizaciones empresariales como la ANDI y Fenalco han advertido que leyes laborales más restrictivas aumentarán los niveles de desempleo e informalidad.
Rappi es una de las startups más valiosas de América Latina. El proveedor de datos PitchBook estimó el año pasado su valor en US$ 5,360 millones. Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Tiger Global Management son algunos de sus inversionistas.
Un representante de prensa de Rappi declinó hacer comentarios.
La nueva política llega en un momento en que las aplicaciones enfrentan presión de parte de los inversionistas de reducir costos y generar ganancias, dijo Diego Rodríguez, analista de Americas Markets Intelligence.
“Es muy probable que los gastos derivados de estas regulaciones terminen siendo asumidos por los vendedores y los consumidores”, afirmó Rodríguez.
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