(Foto: AP)
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En el marco del 40° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Popular China aceptó 284 recomendaciones de un total de 346 recibidas hacía su política de inversiones en el extranjero, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), según la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA.

De esta manera, el país asiático se comprometió ante la ONU a promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Además, se comprometió a adoptar nuevas medidas sobre las empresas y los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales y velar por que las empresas que operen en zonas de alto riesgo o en zonas de conflicto actúen con la diligencia debida en materia de derechos humanos de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

“Esperemos que China cumpla estas recomendaciones a través de leyes que permitan que no se siga poniendo en riesgo nuestra vida, salud y territorios amazónicos. China debe dialogar con los pueblos indígenas afectados por sus proyectos”, señaló Adolfo Chavez, líder indígena y coordinador de relaciones internacionales de la COICA.

Cabe destacar que desde 1992 hasta la fecha, las empresas chinas han invertido US$ 18,400 millones en el Perú, principalmente en el sector minero. Este monto, según el embajador de China en Lima, Jia Guide, se aumentaría US$ 10,000 millones adicionales hasta el 2021.

La evaluación del EPU es en respuesta a un informe realizado por diferentes organizaciones no gubernamentales que analizaron las inversiones chinas en Latinoamérica y concluyo que las empresas originarias del gigante asiático han violado varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas.

Afectación a pueblos indígenas
En el marco del EPU, la COICA junto a otras ONG de Latinoamérica, reportaron ante la ONU cinco casos de vulneraciones de los derechos humanos por partes de empresas de capitales chinos en la Amazonía.

En estos casos las afectaciones para los pueblos indígenas mostraron de manera sistemática débiles mecanismos de transparencia sobre estándares y políticas de inversión en materia socioambiental, inexistente información técnica de carácter ambiental, y nulos mecanismos de participación y consulta.

Cabe señalar que las medidas adoptadas por China en el marco del EPU deben reflejarse también en un urgente fortalecimiento de las salvaguardas ambientales en sus acuerdos comerciales.

Para el caso de Perú, un estudio realizado por diferentes instituciones de sociedad civil analiza los 22 acuerdos comerciales o “Memorándum de Entendimiento” firmados entre Perú y China, en base a los cuales el país asiático ha invertido en sectores como agricultura, ganadería, pesca, energía (renovable y no renovable), procesamiento de petróleo y gas, e infraestructura de transporte, entre otros.

Dicho estudio identifica que ninguno de estos acuerdos tiene carácter obligatorio o cláusulas de sanciones ambientales.

Si bien China ha venido incluyendo lineamientos cada vez más sofisticados para que su sistema financiero incluya el análisis de riesgo socioambiental como criterio para la toma de decisiones de financiamiento, estas son básicamente recomendaciones, pues las empresas chinas con operaciones en el exterior no están obligadas a cumplirlas. Este escenario es algo que se repite como un esquema de inversión, relacionamiento y geopolítico entre China y los países de la cuenca amazónica, señaló el estudio.