El Colectivo destacó que el Gobierno de Nicaragua negó que los beneficiarios se encuentran en peligro, pero que "no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante", y fue llamado a "asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiadas". (Foto: Reuters)
El Colectivo destacó que el Gobierno de Nicaragua negó que los beneficiarios se encuentran en peligro, pero que "no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante", y fue llamado a "asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiadas". (Foto: Reuters)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a una familia de jóvenes opositores de Nicaragua, por considerar que se encuentran en “una situación de gravedad”, informó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

En una resolución emitida el pasado lunes, la CIDH benefició a los opositores Douglas Antonio Villanueva Sandoval y Cindy Mariana Mejía Tercero, así como al hijo de ambos, un bebé de menos de un año, luego de concluir que su situación es “de gravedad y urgencia, de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua”.

Villanueva, un miembro del Movimiento de Jóvenes por la Justicia y la Libertad en la ciudad de Chinandega (noroeste), participó en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, en las que la CIDH contabilizó 328 muertos.

Por su activismo, Villanueva, quien estuvo preso en el 2019, “empezó a recibir amenazas, hostigamientos, a ser vigilado, y recibir agresiones, por parte de agentes policiales y paraestatales”, según el Colectivo.

Un trato similar recibió Mejía Tercero por parte de agentes y grupos oficialistas incluso en el 2021, tras haber dado a luz, de acuerdo con la información.

El Colectivo destacó que el Gobierno de Nicaragua negó que los beneficiarios se encuentran en peligro, pero que “no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante”, y fue llamado a “asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiadas”.

Desde la revuelta popular de abril del 2018, más de un centenar de nicaragüenses han sido beneficiados con medidas cautelares emitidas por la CIDH, mismas que no son admitidas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Cifras reconocidas por la CIDH indican que, en el contexto de la crisis de Nicaragua, más de 150 opositores han sido encarcelados, y sobre 103,000 nicaragüenses han huido al exilio.