COP25: Demandan implementación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú, que impulsa el acceso a información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, fue abordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) por ser una de las demandas sociales de países como Chile, Colombia y Perú.

Este instrumento “coloca a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la crisis climática”, según indicó Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la organización The Elders.

“Se proporciona información a las comunidades más vulnerables, fomentando su participación en las decisiones ambientales y fortaleciendo el camino hacia la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú es la respuesta a los jóvenes, quienes han tomado las calles demandando cambios y acciones de justicia climática”, puntualizó Robinson.

De acuerdo con la asociación Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que participó del evento internacional, este Acuerdo es un hito para la democracia ambiental, sobre todo para afrontar las amenazas que se viven en nuestra región, especialmente en la Amazonía por el incremento de los proyectos de inversión.

En tanto, para Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que no solo es posible avanzar en la acción climática con buenas políticas públicas, es necesario incrementar la participación social.

“Necesitamos a la sociedad y los mecanismos que permitan una participación estructurada, informada, significativa, oportuna y exigible”, indicó Samaniego. Agregó que, desde la CEPAL, una vez entre en vigor Escazú, se dará especial énfasis a los pueblos indígenas y a las mujeres en la participación del ejercicio del Acuerdo.

-La Amazonía y el medioambiente-

En representación de los pueblos indígenas, Adolfo Chávez, coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), demandó a los Estados de América Latina y el Caribe la pronta implementación del Acuerdo de Escazú, ya que se trata de un instrumento vital para el trabajo de las y los defensores de tierra, territorio y ambiente.

“El Acuerdo de Escazú es importante porque se enfoca en el derecho humano a defender”, señaló Chávez.

“Perú, junto con Colombia y Brasil, está entre los ocho países de la región más peligrosos para los pueblos indígenas y ciudadanos que defienden el ambiente, la tierra y el territorio, según informes de Global Witness o Front Line Defenders”, indicó Aída Gamboa de DAR.

Gamboa comentó que en el Perú se vienen promoviendo iniciativas para fortalecer la implementación del Acuerdo, como el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial y la aprobación del Protocolo del Defensores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, recordó, que aún Perú necesita ratificar el acuerdo, proceso que se encuentra detenido en el Congreso peruano tras el proceso de elecciones de enero de 2020. Por lo que se espera que sea una agenda prioritaria el siguiente año.

La especialista de DAR, invitó a más organizaciones a sumarse a la “Campaña #EscazúAHORA”, que involucra sociedad civil, ciudadanos y pueblos indígenas en acciones de capacitación, articulación e incidencia para incrementar el conocimiento en la ciudadanía de esta instrumento, único en el mundo con enfoque en defensores, el cual fue un logro de sociedad civil que lo impulsó en las negociaciones.

-Avances en la región-

Estas declaraciones se realizaron en el side event, “Advancing climate action through Escazú Agreement standards in Latin America and the Caribbean”, en el marco de la COP25. El encuentro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), World Resources Institute (WRI), The Access Initiative, CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation, FIMA de Chile, DAR de Perú, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina), The Elders y la COICA, con la colaboración del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Esta semana, Colombia firmó el acuerdo y se espera que su ratificación sea pronta. Samaniego precisó que este fue un logro de las organizaciones sociales colombianas y de la academia, quienes tomaron a Escazú entre sus demandas sociales.