Venezuela
Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a incluir a Cuba y Venezuela en su lista negra de naciones que violan los derechos humanos en su informe anual, que también alerta sobre un agravamiento en la protección de derechos en la región.

Cuba y Venezuela mantienen "persistentes", "graves", "sistemáticas y "alarmantes" restricciones a los derechos políticos y civiles, que afectan en particular a minorías y grupos vulnerables, dijo la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La CIDH ya había denunciado en febrero el deterioro democrático y de derechos humanos en la Venezuela presidida por Nicolás Maduro. El informe publicado entonces era el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis en ese país, tras los elaborados en el 2003 y 2009 bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en el 2013.

Venezuela apareció por primera vez en la lista negra de la CIDH en el 2002 y ha permanecido allí desde entonces con excepción del 2004. Cuba está desde 1985.

La CIDH dijo que consultó "una amplia gama de fuentes", incluidos los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Cuba, que fue excluida del sistema interamericano en 1962 y no reconoce a la CIDH, aunque según ésta técnicamente sigue bajo su mandato, no respondió, como lo hace desde hace décadas.

Venezuela sí contestó, diciendo que el informe tenía "una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en el país.

Caracas denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH, que tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril del 2019, instó al gobierno de Maduro a reconsiderar esa decisión.

"Existe en la región un panorama alarmante de retrocesos en materia de protección de los derechos humanos", dijo la CIDH, especialmente con relación a niños y adolescentes, indígenas, migrantes y refugiados.

Entre los problemas que contribuyen a esta situación, destacó la impunidad, las violaciones al debido proceso, los límites a la independencia del Poder Judicial, los abusos policiales, la discriminación, la pobreza y la exclusión social.

"Preocupación" por Perú
La CIDH también manifestó su "preocupación" por la situación política en Perú, sacudido por el escándalo de corrupción que provocó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En su informe, advirtió sobre una posible vulneración de las garantías del debido proceso y la amplia defensa en el proceso de destitución del gobernante. Y alertó sobre el impacto de esta crisis política en términos de derechos humanos tras el indulto de Kuczynki al exmandatario Alberto Fujimori, que cumplía condena por corrupción y delitos de lesa humanidad.

El indulto concedido por Kuczynski en diciembre desató una tormenta política pocos días después de que el presidente se salvara de ser destituido por el Congreso por haber mentido sobre sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht.

Al respecto, la CIDH también destacó el "fenómeno agravado" de la corrupción en la región, que describió como un "flagelo" que "afecta la construcción de sociedades democráticas y transparentes y el goce efectivo de los derechos humanos".

"Una de las tendencias identificadas este año es el aumento de las investigaciones o procesos judiciales por delitos relacionados con actos de corrupción en varios países de la región que involucran altas autoridades", indicó el informe.

Entre esos países nombró a Brasil, donde señaló la "inestabilidad política" desatada desde 2015 por este tema, pero también incluyó a Colombia, Guatemala, República Dominicana, Panamá y Perú.

La CIDH emitió días atrás una resolución sobre el tema que espera sea contemplada en la próxima Cumbre de las Américas, prevista en abril en Lima, que debatirá el efecto de la corrupción en la región.