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En lo que las fuerzas del orden de Estados Unidos denominan uno de los fraudes de atención médica más grandes de la historia, el Departamento de Justicia dijo que a Medicare se le facturaron fraudulentamente US$ 2,100 millones después de que un gran número de personas mayores fueron incitadas a hacerse pruebas genéticas innecesarias para el cáncer.
El Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Sociales dijeron el viernes que 35 acusados asociados con decenas de compañías de telemedicina y laboratorios de pruebas genéticas de cáncer habían sido acusados de fraude. Entre los acusados se encuentran nueve médicos.
“Estos acusados supuestamente engañaron a beneficiarios de Medicare para que se inscribieran en pruebas genéticas innecesarias, lo que costó miles de millones de dólares a Medicare”, dijo en una declaración el fiscal general adjunto, Brian A. Benczkowski, de la división penal del Departamento de Justicia.
El fraude representa un problema significativo para los programas de salud del gobierno. Desde 2007, un grupo de trabajo contra fraudes de Medicare ha presentado más de 1,600 casos contra casi 3,500 acusados que, supuestamente, han facturado fraudulentamente a Medicare más de US$ 13,000 millones, según un informe de 2018 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales.
Las acusaciones de pruebas genéticas son un nuevo giro en el caso. Aprovechan el interés y la curiosidad en las pruebas de ADN para atraer a personas de la tercera edad, discapacitadas y otras cubiertas por programas gubernamentales para someterse a las pruebas y luego facturar al gobierno.
El último caso habría involucrado comisiones ilegales y sobornos pagados a médicos y profesionales de la salud por derivar a beneficiarios de Medicare a realizarse costosas pruebas oncológicas de ADN. Con frecuencia, los resultados de las pruebas no tenían valor o no se proporcionaron en absoluto, dijeron las autoridades. A menudo también se prescribían a través de una breve conversación telefónica o sin interacción médico-paciente.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU. había advertido previamente sobre los estafadores que venden pruebas de ADN dirigidas a víctimas a través de telemercadeo, puestos en eventos públicos y visitas puerta a puerta. En algunos casos, según la agencia, los responsables facturan al gobierno más de US$ 13,000 por persona.