La organización de planificación familiar Planned Parenthood está cobrando más, usando sus ahorros, intensificando sus campañas de recaudación y advirtiendo sobre más embarazos indeseados y enfermedades sexuales como consecuencia de nuevas normas adoptadas por el gobierno de

Las nuevas normas, que le prohibían a Planned Parenthood aconsejar a mujeres sobre abortos a riesgo de perder financiamiento público, llevaron a la organización a renunciar a ese financiamiento y salirse de un programa federal que le otorgaba US$ 260 millones.

Las consecuencias son particularmente graves en Utah, donde Planned Parenthood era la única entidad que ofrecía asistencia de planificación familiar bajo el programa federal Título X.

En ese estado la organización perderá unos US$ 2 millones anualmente, que ayudaban a unas 39,000 personas, en su mayoría pobres y carentes de seguro médico. Planea seguir ofreciendo servicios como métodos anticonceptivos, pruebas de enfermedades sexuales y pruebas de cáncer, pero podría cobrar una modesta tarifa en vez de hacerlo gratis como antes.

Una situación similar ha surgido en Minnesota, donde Planned Parenthood ayuda al 90% de las personas que reciben asistencia del Título X. Allí también, la organización empezar a cobrar, pues ha perdido US$ 2.6 millones anuales.

La organización teme que la nueva situación provocará una crisis de embarazos no deseados y enfermedades sexuales.

“Creemos que habrá una crisis de salud pública debido a la negativa del gobierno de dar asistencia”, explicó Sarah Stoesz, presidenta de la división centro-norte de Planned Parenthood. "Son momentos muy tristes para el país”.

Planned Parenthood y otras organizaciones se retiraron del programa oficial, en vez de acatar la nueva norma que le prohibía referir a mujeres a abortos.

Los republicanos, especialmente los sectores cristianos evangelistas que se oponen al aborto en toda circunstancia, desde hace años han exigido “quitarle fondos a Planned Parenthood”.

Planned Parenthood ofrece múltiples servicios de salud femenina, pero uno de ellos es el aborto, y los religiosos dicen que el programa federal constituía un subsidio.

Unas 4 millones de mujeres reciben asistencia del programa Título X, que conforma una porción de Planned Parenthood mucho mayor que los abortos. Pero la organización dice que no podría adherirse a las nuevas normas porque les haría imposible a sus médicos hacer su trabajo.

Mindy Dotson, una madre soltera en Utah, empezó a ir a Planned Parenthood porque no podía pagar sus tratamientos médicos por una infección vaginal. Los servicios se le hicieron vitales cuando tuvo que dejar su seguro médico porque no podía pagar la póliza.

Actualmente Dotson no sabe qué hará si no puede ir a Planned Parenthood.

“Esto sería muy peligroso para mí”, dijo Dotson, quien trabaja como asistente ejecutiva de una empresa financiera. "Planned Parenthood ofrece tantos servicios: pruebas de enfermedades sexuales, anticonceptivos, pruebas de cáncer... lo que se te ocurra, ellos me han ayudado”.

Planned Parenthood insiste en que hará lo posible por mantener sus servicios en Utah, pero la directora ejecutiva Karrie Galloway reconoce que no será fácil y “habrá sacrificios de todas partes”.

Añadió que la organización dependerá de donantes mientras el personal evalúa la situación y toma medidas de emergencia. Entre las posibilidades son cobrar pagos de entre US$ 10 y US$ 15 por visita, reducir el horario laboral y recortar gastos. No piensa que habrá despidos, pero probablemente no podrá reemplazar a quienes renuncien o se jubilen.

También en Minnesota, Planned Parenthood está considerando la posibilidad de cobrar.

"Seguiremos ofreciendo todos los servicios y seguiremos manteniendo abiertas las puertas, pero empezaremos a cobrar según la posibilidad de cada quien, aunque antes no cobrábamos", recalcó Stoesz. "La población vulnerable que antes podía recibir métodos anticonceptivos y pruebas de enfermedad sexual gratis, ahora no podrán”.

En otras partes, el impacto de los recortes de Planned Parenthood variará de un estado a otro.

Los gobiernos locales en algunos de los estados - como Hawái, Illinois, Nueva York y Vermont - dicen que tratarán de reemplazar al menos parte de los fondos federales. En los estados del sur el impacto será leve porque Planned Parenthood no ofrecía allí programas del Título X.

La directora de la sección de Planned Parenthood en el noroeste y Hawaii, afirmó que el sur de Idaho podría verse afectado debido a que unas 1,000 mujeres de bajos ingresos en la zona de Twin Falls no podrán recibir atención médica.

“Este no es el tipo de dinero que simplemente puede recaudarse con ayuda de donantes", explicó Gibron. "Hay que pagar el alquiler, hay que pagar sueldos ... hay límites a lo que podemos hacer en cuanto a atención médica gratuita si no tenemos el programa Título X”.

Añadió que el estado de Washington estaban consultando con el gobierno local para establecer “un fondo de emergencia”, a fin de mantener en funcionamiento más de 20 clínicas que ayudan a unas 90,000 personas.

“Haremos todo lo posible para prestar la misma atención médica, pero sabemos que esto no es sostenible y estamos evaluando todas las opciones”, declaró.

Otra entidad que tuvo que retirarse del programa Título X es Maine Family Planning, que asiste a unos 23,000 pacientes al año y que perderá unos US$ 1.8 millones anuales. Su director ejecutivo, George Hill, dijo que la organización usará sus reservas e intensificará su recaudación de donaciones al tiempo que le pedirá asistencia a las autoridades estatales.

Anticipando los cambios, los demócratas en Nuevo Hampshire agregaron US$ 3.2 millones en el presupuesto estatal para compensar por la pérdida de fondos federales. Sin embargo, ello está en el limbo, ya que el gobernador Chris Sununu (republicano) vetó el presupuesto por otras razones.