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Brasil estrenó este miércoles una norma que establece un techo al cobro de intereses rotativos de la tarjeta de crédito mediante el cual el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende reducir el alto número de personas endeudadas en el país.
A partir de ahora los intereses devengados en caso de demora en el pago de la factura de la tarjeta de crédito no podrán superar el 100% del importe original de la deuda.
De esta forma, si una persona debe 1,000 reales (200 dólares/185 euros) en la tarjeta de crédito, el importe a pagar con intereses no podrá superar los 2,000 reales (400 dólares/370 euros).
La medida fue tomada por el Consejo Monetario Nacional, formado por los ministros del área económica y el presidente del Banco Central, en una reunión realizada el pasado 21 de diciembre y se enmarca dentro del programa federal para reducir los niveles de endeudamiento.
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“La persona que debía 1,000 reales en la tarjeta de crédito, en equis meses estaba con 10,000 reales de deuda y ya no conseguía pagar”, explicó en una nota el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien señaló que la norma es un “paso importante” para “corregir las distorsiones del sistema bancario brasileño”.
Según los últimos datos del Banco Central de Brasil, en noviembre pasado los intereses rotativos o por demora en la tarjeta de crédito alcanzaron de media el 431% al año.
Esta modalidad de crédito es la más cara del mercado brasileño y la que registra mayores índices de morosidad.
La reducción de la fila de morosos fue una de las principales promesas de campaña de Luiz Inácio Lula da Silva, que el 1 de enero completó el primer año de su tercer mandato, pues ya gobernó en dos periodos consecutivos entre 2003 y 2010.
Para ello lanzó el programa “Desenrola Brasil”, que busca incentivar la renegociación de deudas de personas registradas en la lista de morosos con la intención de reducir sus compromisos financieros y facilitar su reincorporación al mercado de crédito.
En la primera etapa del programa, que concluyó el pasado domingo, se renegociaron deudas por un valor total de 32,500 millones de reales (US$ 6,600 millones), beneficiando a “más de 11 millones de personas”, según los datos del Gobierno brasileño.
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