Barcelona afronta este lunes una nueva edición del Mobile World Congress (MWC) con la sensación, compartida por todas las instituciones implicadas, de que tras la crisis política vivida en Cataluña está en juego retener el principal evento internacional de la telefonía móvil.

Aunque el Mobile celebra este año su decimotercera edición en Barcelona, las instituciones catalanas esperan que este número no llame a la mala suerte y se han conjurado para que la cita sea un éxito.

Sin embargo, la crisis política en Cataluña, que tuvo su punto culminante en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, ha generado interrogantes respecto a la continuidad de este evento, que este año se estima que tendrá un impacto económico de unos 471 millones de euros en el área de Barcelona.

El pasado 13 de octubre, cuando la crisis catalana vivía momentos de alto voltaje, la GSMA, la asociación que organiza el Mobile, emitió un escueto comunicado en el que aseguraba que estaba "monitorizando la situación en España y en Cataluña y evaluando cualquier impacto potencial para la Mobile World Capital y el Mobile World Congress".

Al mismo tiempo, sin embargo, confirmó la edición de 2018 y recordó que su compromiso con Barcelona estaba vigente hasta el año 2023.

El pasado 8 de noviembre, el consejero delegado de la GSMA, John Hoffman, aprovechó una reunión del patronato de la Fundación Barcelona Mobile World Capital, que coincidió con una huelga general convocada ese día en Cataluña, para avisar de que el evento necesitaba "seguridad y estabilidad política", y de que sin esas condiciones mínimas la organización podría plantearse cambiar de sede.

De hecho, en las últimas semanas algunos medios han asegurado que responsables de este organismo se habrían puesto en contacto con Dubái para explorar la posibilidad de trasladar allí la celebración del MWC en el caso de que empeore la situación política en Cataluña.

Los avisos por parte de la GSMA pusieron en alerta a las autoridades catalanas, y desde entonces los representantes de todas las instituciones implicadas con el Mobile han hecho frente común para tratar de retener el evento.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona organizó el pasado día 1 de febrero un acto con el fin de exhibir unidad institucional y el potencial económico, científico y empresarial de la ciudad para dejar claro que está preparada para seguir acogiendo el Mobile.

En tono directo, el consejero delegado de la GSMA agradeció las muestras de apoyo de todos los asistentes, pero a la vez dejó claro que no había que "convencer" a la GSMA de las bondades de Barcelona, sino que las instituciones tenían que superar su "crisis de confianza".

Al mismo tiempo, Hoffman aseguró que ayudaría a Barcelona en todo lo que dependiera de él, pero recordó que la entidad no hacía "política", y que simplemente reclama seguridad y estabilidad institucional.

Aunque el actual clima político es más relajado que en octubre, la crisis catalana sigue activa en el frente judicial y, dos meses después de las elecciones aún no se ha constituido el Gobierno catalán, por lo que el conflicto puede tener eco en el Mobile, que arranca oficialmente mañana, si bien el Rey presidirá este domingo la cena de bienvenida a los asistentes al evento.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, anunciaron ayer que no participarán en el recibimiento oficial que se realizará al monarca, aunque si acudirán a la cena y a la inauguración de mañana.

Tampoco acudirán a recibir al Rey los tres representantes del anterior Gobierno catalán que estaban invitados a esos actos, en la que será la primera visita del rey Felipe VI a la capital catalana tras el referéndum ilegal secesionista del pasado 1 de octubre y la intervención de la autonomía catalana por parte del Gobierno español.

Además, las principales organizaciones independentistas han convocado distintos actos de protesta para recibir al monarca.