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Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a un acuerdo sobre la nueva directiva que obligará a las grandes empresas y las cotizadas, incluidas las pymes, a informar regularmente sobre su sostenibilidad social y medioambiental, lo que da vía libre para negociar el texto final con la Eurocámara.
La Comisión Europea (CE) propuso en el 2021 esta directiva, que ampliará a más empresas las exigencias de divulgar su información no financiera que ya se aplican a los bancos, empresas cotizadas, aseguradores y otras compañías consideradas entidades de interés público por sus respectivos países.
Ahora mismo, esta norma cubre a las empresas de interés público con más de 500 empleados, unas 11,700 grandes compañías en toda la UE que tienen que informar anualmente sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el trato a sus empleados, su respeto por los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y los sobornos; o la diversidad en sus juntas directivas.
La propuesta del Ejecutivo comunitario plantea extender esta obligación a todas las grandes empresas y compañías que coticen en los mercados regulados, con excepción de las microempresas.
Requiere además que se audite la información aportada, introduce requisitos más exigentes de divulgación y que esta se haga conforme a estándares obligatorios europeos, así como que las empresas proporcionen información que pueda ser leída con medios informáticos para que mejorar el acceso a la misma.
El acuerdo alcanzado hoy por los ministros, que todavía puede sufrir cambios en la negociación con el Parlamento Europeo, mantiene estos principios, pero introduce algunas modificaciones con respecto a la propuesta de la Comisión, según explicó la ministra francesa de Industria, Agnes Pannier-Runacher en una rueda de prensa tras el consejo de ministros de Industria celebrado en Bruselas.
En concreto, plantean una entrada en vigor en tres fases, de modo que las empresas ya sujetas a la norma tendrán que presentar sus primeros informes de sostenibilidad en el 2025 (con datos del ejercicio anterior), las grandes compañías que ahora no están cubiertas por la directiva tendrían que hacerlo en el 2026 y las pymes no estarán obligadas hasta el 2027.
Al mismo tiempo, los países quieren “vigilar la proporcionalidad de las exigencias” por lo que plantean una “lista exhaustiva” de temas sobre los que informar y se da a los Gobierno un plazo de 18 meses para incorporar la norma en sus legislaciones nacionales.
Asimismo, los Veintisiete han abordado la cuestión del trato a las filiales y pactado que, cuando la matriz esté en un país diferente, los países que lo deseen podrán exigir que el informe consolidado se traduzca a una lengua aceptada en su territorio para mejorar la transparencia, según explicó Pannier-Runacher.
En el caso de las sanciones, se mantiene el principio ya vigente de que cada Estado debe fijar medidas “disuasorias, eficaces y proporcionadas” para los casos de incumplimiento.
El consejo de los ministros tuvo lugar con el ataque ruso a Ucrania como telón de fondo y en vísperas de que los líderes de la UE debatan esta misma noche sobre un nuevo paquete de sanciones contra Moscú que se dirigirían a sectores estratégicos de su economía, como la banca o las importaciones de tecnología.
Sin embargo, ni la ministra francesa ni el comisario europeo de Industria, Thierry Breton, quisieron pronunciarse sobre el posible impacto de las medidas a esperas de que se aprueben.
“Nuestras medidas debilitarán la posición tecnológica de Rusia en áreas clave, pero dejando las sanciones de lado, tenemos que vigilar de cerca nuestra capacidad operativa, muy importante estos días, y la resiliencia de la cadena de valores”, dijo Breton.