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Este viernes los movimientos sociales y piqueteros de izquierda realizan una serie de protestas en Argentina pronunciándose en contra del plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei y la política que estaría eliminando la mediación de estas organizaciones en la ayuda a los más vulnerables.
Como parte de esta protesta, el Frente de Lucha Piquetero, integrado por el movimiento de izquierda Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales desarrollan este viernes más de 500 cortes de ruta en Argentina.
Los movimientos sociales también se concentraron frente al Ministerio de Capital Humano, en Buenos Aires, denunciando lo que denominaron “una política sumamente hambreadora” tras quitar la asistencia a los más de 44,000 comedores comunitarios de todo el país, de los cuales dependen miles de familias de barrios vulnerables, en un contexto de alta pobreza y una inflación en alimentos anual que asciende a 296.2%.
En medio de la protesta, resaltaron que el presidente argentino ha desabastecido a los comedores barriales como parte del ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras firma “convenios millonarios con organizaciones ligadas a las iglesias evangélica y católica para tercerizar en ellas la asistencia alimentaria, a cambio de sus servicios de contención”.
Otro de los reclamos de los piqueteros es un aumento “de emergencia” de los programas sociales y contra la intención de desenganchar el valor del salario mínimo vital y móvil.
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En un comunicado del Ministerio de Capital Humano, indicaron que están comprometidos en “eliminar la intermediación” y que “ya no van a ser las organizaciones piqueteras las que tengan a su cargo la distribución de los alimentos y de los planes sociales que paga el Estado”.
Asimismo, aclararon que la compra de alimentos secos que administraban las organizaciones sociales representa solo el 4.2 % de la inversión estatal en materia alimentaria, y que se decidió que ese reparto sea destinado directamente a los comedores que deberán rendir cuenta de la comida que compran.
Con esta decisión, afirman, se busca terminar con lo que considera una “herramienta de extorsión” y un “negocio multimillonario para el cartel de empresas proveedoras de alimentos”.
Por ahora, tras estos hechos, los piqueteros “exigieron” un nuevo paro nacional y un plan de lucha contra esta ofensiva antiobrera.
(Con información de la agencia EFE).
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