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Gobierno de Chile anunció un nuevo paquete fiscal para hacer frente a las complejidades en la economía del vecino país del sur, frente a lo generado por el avance del Covid-19, por un monto de hasta US$ 24,000 millones.
Las acciones de estímulo económico tiene varias aristas, dado que antes se estableció un incentivo que se enfocó en independientes y empresas el pasado 19 de marzo y que involucró US$ 11,750 millones.
Además, en el caso de los grupos más vulnerables y trabajadores sin contratos se consideran ayudas por US$ 2,000 millones.
Liquidez y garantías
Por su parte, para las empresas, el presidente de Chile Sebastian Piñera indicó que se fortalecerán las líneas de financiamiento con garantía del Estado, lo que permitirá acotar el riesgo de crédito y facilitará las condiciones para que los bancos entreguen liquidez.
“Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el Estado de Emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses, con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente de hasta 3 meses de venta”, detalló.
En su discurso - en el que estuvo acompañado de los ministros de Hacienda y Economía, además de los presidentes del Banco Central y la CMF- Piñera sostuvo que al beneficio se podrá acceder hasta el 30 de setiembre de este año y permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US$ 24,000 millones, lo que equivale a alrededor de 20 veces las líneas actualmente disponibles.
¿Cómo se materializará esta medida? A partir de modificaciones al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) en Chile, al que se le inyectarán US$ 3,000 millones para aumentar su capacidad crediticia a US$ 24,000 millones.
Además, puso condiciones a los bancos que participen del programa, ya que deberán entregar los recursos “en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos”.
También se considera que las entidades financieras reprogramen todos los créditos prexistentes del deudor beneficiado y posterguen toda amortización de sus créditos antiguos hasta que los nuevos préstamos estén íntegramente pagados.
Se precisó que la garantía que otorgará el Estado dependerá del tamaño de la empresa beneficiada, en un rango de entre 60% y 85% de garantía.
“Las empresas beneficiadas deberán utilizar estos recursos para sus necesidades operativas y de capital de trabajo, incluyendo entre otros, pago de remuneraciones, arriendos, proveedores, obligaciones tributarias y otras necesidades para mantener operativas sus empresas durante la emergencia y retomar la normalidad de sus operaciones una vez superada la crisis. Las empresas beneficiadas no podrán usar estos fondos para amortizar créditos previos con los bancos, pagar dividendos o hacer retiros de capital, hacer préstamos a terceros relacionados ni otros destinos no indispensables”, concluyó el mandatario.