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La próxima presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, continuará la política monetaria que ha seguido Mario Draghi al frente de la institución, mientras se enfrenta al reto de lograr el consenso en el Consejo de Gobierno y seguir adelante con la unión bancaria.
Lagarde llega el 1 de noviembre a la presidencia del BCE en un momento en el que el crecimiento económico de la zona del euro se debilita, en el que Alemania probablemente ha entrado en recesión técnica en el tercer trimestre y con un Consejo de Gobierno dividido sobre la dirección que debe tomar la política monetaria.
Para hacer frente a esa debilidad de la región, mayor de la esperada hace unos meses, el BCE aprobó en septiembre un paquete de estímulos monetarios, entre ellos nuevas compras de deuda pública y privada.
A ello se suma el hecho de que los tipos de interés se encuentran en mínimos históricos, algo de lo que los bancos se quejan porque afecta a sus beneficios.
El BCE presta a los bancos semanalmente a 0% y les cobra un 0.50% por el exceso de reservas, aunque en diciembre también decidió eximir del pago de intereses a una parte del exceso de liquidez que mantengan, hasta el séxtuplo de las exigencias de reservas mínimas.
Tras haber comprado deuda por valor de 2,6 billones de euros, desde marzo del 2015 y hasta finales del 2018, este año el BCE iba a normalizar su política monetaria, pero el debilitamiento económico, en gran parte por el daño que causa la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el Brexit, le ha llevado a cambiar el rumbo.
Europa atraviesa una época de populismos, desencanto con la Unión Europea (UE) y búsqueda de una identidad nacional en algunas regiones, que dificulta el avance en la unión económica y monetaria y en la unión bancaria.
La política monetaria tan expansiva de Draghi ha sido criticada en los países centroeuropeos como Alemania, Holanda y Austria, que la consideran una forma de financiar a los Estados y no obligarles a que hagan reformas y reduzcan su gasto excesivo.
Fruto de esa disparidad de criterios, apenas dos semanas después de aprobarse los nuevos estímulos monetarios, dimitía por sorpresa la alemana Sabine Lautenschläger, que era miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidenta del Consejo de Supervisión del BCE.
Por ello, algunos medios de comunicación alemanes consideran que Lagarde debería unir al Consejo de Gobierno, pese a las diferencias, y garantizar continuidad en la política monetaria del BCE, para no confundir a los mercados.
Conocida por sus capacidades comunicadoras y de mediación, al haber sido ministra de Economía y Finanzas de Francia, Lagarde también tiene la oportunidad de hacer un llamamiento a los gobiernos para que ajusten sus políticas fiscales o realicen reformas y no pongan en peligro la estabilidad financiera.
La crisis puso de manifiesto la necesidad de crear mecanismos para afrontar las dificultades que atraviesen los países miembros y sus bancos.
Desde noviembre del 2014 el BCE asume las funciones de supervisión de los bancos de la zona del euro, que es el primer paso hacia la creación de una unión bancaria.
El segundo, el Mecanismo Único de Resolución, entró en funcionamiento en enero del 2015.
Con la "grande dame" al frente, hay analistas que piensan que el BCE debería contribuir a dar los siguientes pasos necesarios para culminar este proceso de unión bancaria y crear un sistema armonizado de garantías de depósitos y un seguro europeo de desempleo.
También será necesario avanzar hacia una unión fiscal, porque la zona del euro y la Unión Europea (UE) se financian con las contribuciones de las naciones pero no cobran impuestos, pues eso lo hace cada país.