(Foto: Reuters)
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Hace 33 días se desató en un estallido social, el peor en su historia reciente, que derivó en protestas multitudinarias. La mayoría de los manifestantes son pacíficos, pero también hay enmascarados que protestan con violencia y poco a poco han aumentado hasta transformarse en un virtual ejército de vándalos que destroza todo a su paso.

Los saqueos y daños incluso afectaron a un par de iglesias católicas en la capital chilena y a la catedral metropolitana. Como muchos comercios, bancos, edificios institucionales, de consultas médicas y de tiendas por departamento, han blindado sus puertas y ventanales con madera y metal.

Los desmanes no han frenado las protestas que se suceden casi a diario ni los anuncios del presidente centroderechista , que ha ofrecido leves mejoras sociales y un histórico acuerdo de todos los partidos políticos -excepto los comunistas- para convocar en abril próximo a un plebiscito que preguntará a los chilenos si quieren una nueva Constitución y quiénes tendrían que escribirla.

Aquí un vistazo a lo que ocurre en el país sudamericano.

¿Quiénes participan en las protestas?

En la primera semana de marchas pacíficas participaron centenares de miles, hasta reunirse 1.2 millones de personas sólo en una céntrica plaza de Santiago, punto de reunión diario en la capital. Los manifestantes son de todas las edades. Hay estudiantes, profesionales, padres con sus hijos, ancianos -la mayoría jubilados- obreros y empleados.

Los manifestantes llevan pancartas de todo tipo con sus demandas. Además portan banderas nacionales, negras y mapuches, la mayor etnia originaria que habitaba Chile y que resistió 300 años a los conquistadores españoles.

Las protestas pacíficas no son tan multitudinarias como en las primeras semanas. Se han reducido y los enmascarados violentos que las empeñan han aumentado numéricamente. A pesar de los encapuchados que queman, saquean y se enfrentan a la policía, la mayoría de los manifestantes siguen en su actitud festiva: saltan, cantan y suenan pitos.

Hasta el momento no hay un líder evidente detrás del movimiento.

¿Cómo han evolucionado las protestas y el vandalismo el último mes?

En los inicios del estallido social, el 18 de octubre, centenares de enmascarados dañaron la mayoría de las estaciones del subterráneo y saquearon centenares de supermercados y farmacias. Luego prevalecieron las multitudinarias protestas hasta que hace un par de semanas los encapuchados empezaron a exhibir diversos grados de organización: los que se enfrentan en la primera línea con la policía portan escudos metálicos hechos de grandes contenedores pintados de color anaranjado y usan cascos del mismo color.

Además, muchos llevan herramientas -como picotas- para romper veredas y pastelones de cemento para prodigarse rocas que lanzan a los efectivos policiales. Estatuas de héroes chilenos no se escapan de los destrozos y rayados, que se ven en las paredes de comercios, casas, iglesias y en múltiples edificios institucionales. También utilizan bombas molotov para destruir comercios y un par de hoteles.

A comienzos de mes los enmascarados se desplazaron desde el centro hasta una acomodada barriada donde se levanta el edificio más alto de la región, que tiene decenas de restaurantes, tiendas, oficinas que no pudieron dañar por la represión policial y por las protecciones en sus murallas y ventanales. Al día siguiente coparon las principales arterias de una barriada de clase media acomodada donde los saqueos, incendios y destrozos se prolongaron por horas.

Después de los grandes supermercados, que los primeros 15 días del estallido sufrieron pérdidas por US$ 1,400 millones, el foco se centró en pequeños comercios, tiendas de artículos eléctricos y de departamentos, muchas saqueadas e incendiadas más de una vez.

El vandalismo se extiende por todo el país, como en el vecino puerto de Valparaíso, que tiene a la mayor parte de su comercio destrozado. Otras urbes sufrieron el incendio de edificios institucionales como gobernaciones y alcaldías, y algunos edificios de apartamentos.

Los comerciantes en todo el país cierran sus puertas entre tres, cuatro y cinco horas antes del que era su horario de atención normal.

Las protecciones metálicas y de madera forman parte del paisaje urbano de la capital chilena y de ciudades al norte y sur del país.

Por otro lado, hay una falta de semáforos en importantes intersecciones de las ciudades, que a diario viven enormes congestiones que la mayoría de las veces hasta triplican el tiempo de traslado.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anticipó que unas 300,000 personas quedarán sin trabajo porque laboraban en las tiendas dañadas. Dirigentes de pequeños comerciantes aseguran que ya unas 50,000 personas perdieron sus empleos.

¿Qué han obtenido hasta ahora los manifestantes?

A cuatro de días del estallido, Piñera anunció un paquete de medidas que incluyen un aumento del 20% a las pensiones de los más pobres, que promedian US$ 147 mensuales; un incremento de 16% en el ingreso mínimo de US$ 400, la anulación de un incremento de 9.2% en la electricidad, anuncios de proyectos para rebajar sueldos y asignaciones de diputados y senadores, que oscilan entre los US$ 27,000 y US$ 44,000 mensuales, y un incremento en el impuesto a los que ganan más de US$ 11,000, así como rebajas en medicamentos.

Todos son proyectos que se debaten en el Congreso.

Hace una semana agregó una rebaja tarifaria en el transporte público para los adultos mayores más pobres y una rebaja a miles de universitarios endeudados con la banca privada para pagar sus estudios.

Por otra parte, los manifestantes sienten que ganaron al obtener el proceso constituyente ya mencionado, aunque exigen que la nueva carta magna sea escrita por ciudadanos seleccionados, y no por políticos y personas electas con ese fin.

¿Qué siguen pidiendo los manifestantes?

Un alza en las jubilaciones de 60% de los más pobres que supere el límite de la pobreza, que en Chile es de US$ 217 y el gobierno ha prometido estudiar para que sea gradual.

También se pide el fin de la existencia de una salud y educación para pobres y otra para ricos, así como el fin del sistema de administración privada de jubilaciones que otorgan ingresos escuálidos a los jubilados.

Además exigen más viviendas sociales y un ingreso mínimo superior al ofrecido.