:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/VSMUXRFPQRGQ5E37JM4VDQVOCU.jpg)
La Cámara de Diputados argentina inició el debate de un polémico proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo oficialista que contempla la aplicación por única vez de un gravamen a las grandes fortunas y es considerado confiscatorio e inconstitucional por sectores empresariales.
La iniciativa sobre el “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” es impulsado por Máximo Kirchner, jefe del bloque kirchnerista Frente de Todos e hijo de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y tendría garantizado el apoyo necesario para ser aprobado. Después pasará a ser debatido en el Senado.
Se prevé que la sesión legislativa para debatir la iniciativa conocida como “impuesto a las grandes fortunas” se prolongue hasta el miércoles.
El proyecto crea un aporte que realizarán por única vez aquellas personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos (cerca de US$ 2.5 millones), con una alícuota que irá de 2% a 3.5% en el caso de bienes en el país, y de 3% a 5.25% para los bienes en el exterior.
El oficialismo insiste que la iniciativa no es “contra los ricos” ni contra ningún sector, sino en favor de la solidaridad en un “momento muy difícil”.
Pero sectores empresariales criticaron que atenta contra la producción, es confiscatoria, supone una doble imposición porque ya existe un impuesto sobre los bienes personales y podría derivar en reclamos ante la justicia.
José Ignacio de Mendiguren, dirigente de la Unión Industrial Argentina señaló que es un error aplicar “un gravamen a los bienes productivos”.
“¿Una pequeña y mediana empresa que tiene una máquina de unos dos millones de dólares debe caer dentro de las grandes fortunas por ese bien productivo?”, cuestionó el empresario que tendría que ser uno de los que aporte y que dijo estar de acuerdo con el sentido" del proyecto pero no “con las formas”.
Los legisladores contrarios integran la alianza Juntos por el Cambio, que tiene entre sus referentes al expresidente Mauricio Macri (2015-2019). En tanto, la izquierda se abstendrá y defenderá su propio proyecto.
Según el oficialismo, lo que se recaude se destinará, entre otras cosas, a la compra y elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria y para ayudas a las pequeñas y medianas empresas y los barrios más carenciados.
La pandemia agravó la crisis que Argentina arrastra desde hace más de dos años. Asfixió a las pequeñas y medianas empresas, incrementó el desempleo y disparó la pobreza, que afecta a más de 40% de la población.
El aporte recaería sobre residentes en Argentina con un patrimonio superior a ese monto gravable que incluya bienes en el país y en el exterior.
También quedarían alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país. Asimismo, deberán pagar el aporte los argentinos que tengan domicilio en paraísos fiscales, definidos como “jurisdicciones de baja o nula tributación”.
Según el Fisco, el gravamen alcanzaría en principio a 9,298 personas.
La recaudación potencial representaría unos 307,000 millones de pesos (unos US$ 3,600 millones), cerca de un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI).