¿Es difícil erradicar la corrupción en Centroamérica?

Acusan al presidente de Honduras de robar dinero de las arcas del Gobierno y aceptar sobornos de narcotraficantes. El líder de Guatemala es conocido por distribuir contratos gubernamentales a amigos de la familia. El presidente de El Salvador cerró la agencia anticorrupción del país financiada a nivel internacional y amplió la inmunidad de los políticos en procesos judiciales.

“Erradicar” la corrupción en Centroamérica es la clave para restaurar la esperanza y las oportunidades en la región y persuadir a sus ciudadanos de que no emigren, dice la Administración Biden. No obstante, para cambiar realmente las cosas, es necesario no solo abarcar los síntomas, sino también los sistemas políticos y económicos que obligan a cientos de miles de personas a abandonar sus países de origen. Esta espinosa tarea significa enfrentar a los supuestos socios de Estados Unidos, los Gobiernos de la región, que son más un problema que una solución.

Desde pequeños sobornos constantes hasta gigantescos fraudes públicos, la corrupción está profundamente arraigada en Centroamérica. Ninguno de los países del Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala u Honduras— figura entre los 100 primeros en el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional. La corrupción en estos países tiene un costo económico enorme: la región pierde US$13,000 millones, o más del 5% del producto interno bruto, cada año.

Al igual que sus líderes, las élites económicas de Centroamérica no tienen muchas ganas de arreglar las cosas. Los favores del Gobierno han enriquecido a muchos, y la carga tributaria es baja y fácil de eludir. Los ingresos fiscales en los tres países del Triángulo Norte son inferiores al promedio de 2019 de 22.9% del PIB en América Latina y el Caribe. Según este criterio, Guatemala tiene los ingresos fiscales más bajos de la región, un irrisorio 13.1%. En lugar de los impuestos, las remesas impulsadas por la migración, que alcanzan alrededor del 20% del PIB en El Salvador y Honduras, satisfacen muchas de las necesidades básicas.

Entonces, ¿qué puede hacer el Gobierno de EE.UU.? Primero que todo, puede garantizar que su asistencia exterior no caiga en manos sucias. Sabemos lo que funciona. Una amplia combinación de programas de desarrollo económico, prevención de la violencia y centrados en la juventud ha demostrado su potencial en el cambio de las realidades cotidianas y la cantidad de los posibles migrantes. Pero el dinero tiene que llegar a las personas y comunidades en riesgo, no a las cuentas bancarias de los funcionarios políticos que luego se apoderan del mismo. En la medida de lo posible, los fondos estadounidenses deben ir directamente a las ONG, a grupos de la sociedad civil y a partes del sector privado que los utilizarán de manera transparente.

En segundo lugar, EE.UU. debe intensificar sus esfuerzos para desmantelar los propios sistemas corruptos. Esto significa financiar organismos internacionales de investigación anticorrupción que han logrado un cambio real, y que los Gobiernos del Triángulo Norte han tratado de socavar en repetidas ocasiones. EE.UU. debería ayudar a crear organismos de control muy necesarios, que requieren, por ejemplo, que los Gobiernos u organizaciones contraten asesores técnicos y empoderen a inspectores generales en los ministerios que reciben dinero estadounidense.

El alcance de la ley estadounidense es largo. Es hora de usarlo en Centroamérica, acudiendo a herramientas legales y tribunales nacionales para garantizar que se haga justicia. Gran parte de las ganancias ilícitas de Centroamérica fluyen a través del sistema financiero estadounidense o se disfrutan en suelo estadounidense cuando los perpetradores toman vacaciones, compran casas o pagan la educación de sus hijos. No deberían encontrar puerto seguro en EE.UU. Sus visas deben ser canceladas y los individuos sancionados. Se debería intensificar y apalancar la promulgación de listas de funcionarios del Triángulo Norte sospechosos de corrupción —las llamadas “listas Engel”, en honor a su proponente legislativo, el excongresista Eliot Engel— para ejercer presión diplomática. La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. debería dirigir su experiencia en rastreo hacia las redes ilícitas de Centroamérica. El Departamento de Justicia debe usar su jurisdicción a través de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Iniciativa de Recuperación de Bienes de la Cleptocracia y otras herramientas para construir y procesar casos.

Sin duda, pasadas intervenciones estadounidenses en Centroamérica han tenido un lado oscuro, y algunos en el Congreso han cuestionado si los planes de esta Administración no terminarán desperdiciando más dinero de los contribuyentes. Sin embargo, estas medidas, ahora reforzadas, no favorecerán a Gobiernos represivos y élites corruptas. En cambio, pueden aprovechar el poder económico y legal de EE.UU. para apoyar a los millones de ciudadanos que quieren que sus países de origen sean más libres, más justos y más prósperos. Su deseo de cambio es tan fuerte que decenas de miles de personas han salido a las calles en repetidas ocasiones, pese a los peligros que conlleva manifestarse. EE.UU. necesita intervenir contundentemente en el lado correcto de la historia. ¿El beneficio extra? Menos centroamericanos se sentirán obligados a emprender un peligroso viaje hacia el norte.