La economía “gig” en España plantea un dilema de derechos laborales y regulación

A miles de kilómetros de su Venezuela natal, Néstor Pérez, de 48 años, murió el mes pasado en las calles de Madrid al ser atropellado por un camión de la basura mientras transportaba un pedido de comida para Deliveroo.

Este tipo de tragedias han puesto de manifiesto las precarias condiciones de los trabajadores, a menudo inmigrantes, de la conocida como “gig economy” o “economía de bolos” española, en un momento en que el Gobierno, adelantándose a otros países europeos, está elaborando una legislación para regular el sector.

La economía de bolos es un mercado de trabajos temporales e independientes ofrecidos desde plataformas digitales que causaron revuelo en la oferta de conductores y repartidores.

Se trata de un nuevo desafío al modelo de la economía de los trabajos esporádicos en Europa, tras la histórica sentencia británica que obliga a Uber a pagar el salario mínimo a sus conductores, y de la propuesta de la Unión Europea de un marco normativo para todo su territorio para finales de año.

España pretende reforzar la protección de los trabajadores del sector de los servicios que suelen ser contratados como autónomos, exigiendo a las empresas que les hagan contratos en plantilla, según fuentes gubernamentales y sindicales.

La medida fue impulsada por una sentencia en septiembre del Tribunal Supremo, según la cual las personas que trabajan para la aplicación de entrega de comida a domicilio Glovo, con sede en Barcelona, eran empleados, no autónomos, una decisión que podría permitir a estos trabajadores exigir contratos laborales formales y prestaciones.

La intervención legislativa para contrarrestar el vacío legal que hace que los empleos en el sector de servicios estén tan mal pagados y sean tan inseguros es, a primera vista, una buena noticia para los trabajadores autónomos.

“Para mí estaría bien un contrato fijo, con un sueldo fijo”, sostuvo Rana Azad, de 28 años, que trabaja haciendo repartos en Barcelona y quien últimamente ha estado trabajando hasta 10 horas al día, pero ganando solo entre 10 y 15 euros por turno. “Esto no me sirve para vivir, para comer, para toda la familia”, dijo a Reuters.

Los detalles de un régimen regulatorio para los microempleos se están discutiendo con los sindicatos españoles y las asociaciones empresariales y podrían darse a conocer esta misma semana, según fuentes gubernamentales y sindicales.

“Bruselas considera que nuestra propuesta va en la dirección correcta”, dijo una fuente del Gobierno, en referencia al ejecutivo del bloque.

Sin embargo, expertos laborales y jurídicos temen que, en lugar de empleos con contratos en este tipo de compañías, la principal consecuencia de la legislación sea que el sector dependa cada vez más de las subcontratas y las empresas de trabajo temporal.

La nueva ley no librará a los repartidores, conocidos en España como “riders”, de la costosa, y posiblemente inasequible necesidad de acudir a los tribunales si las empresas de aplicaciones de reparto no contratan directamente a su personal, según el abogado especializado en derechos laborales Adrián Todolí.

“Estos nuevos modelos de subcontratación que están creando, y que podrían ser fraudulentos, tendrán que volver a pasar por el proceso judicial hasta que sean declarados ilegales por los tribunales”.

¿Maniobras alternativas?

Una fuente del sector del reparto dijo que si las compañías estuvieran obligadas por ley a poner a los “riders” en plantilla, probablemente sortearían la situación contratándolos a través de empresas de trabajo temporal.

Las sucursales españolas de las grandes multinacionales del sector, como Deliveroo y Uber, han criticado la iniciativa legislativa, alegando que privaría a los repartidores de su independencia a la hora de elegir cuándo y dónde trabajar.

Algunos repartidores tienen dudas sobre el impacto de la nueva normativa.

“Vale, está bien tener seguro y salario fijo, pero ¿qué pasa si necesito más dinero? Ahí no vamos a decir al jefe de Uber o de Glovo que nos suban el precio o nos den más extras. No lo podemos decir. No hay forma”, dice Manzurul Hoque, de 19 años, repartidor bangladesí en Barcelona.

Cuando murió, Néstor Pérez trabajaba para una empresa intermediaria sin tener una cuenta personal en Deliveroo, uno de los muchos ejemplos de cómo las plataformas de la economía de bolos intentan evitar la contratación de repartidores y las responsabilidades que ello implica en las condiciones de trabajo.

Este tipo de subcontratación laboral podría ser ilegal en España si una empresa subcontrata a sus trabajadores exclusivamente a un tercero, a menos que sea una agencia de colocación temporal reconocida, según Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de trabajo.

Fuentes gubernamentales y los principales sindicatos dijeron que su planteamiento preferido es el que está aplicando la filial española de Just Eat, cuya empresa matriz es la holandesa Takeaway.

“Nuestro modelo es que nuestros trabajadores tienen un contrato de trabajo. O los contratamos directamente o a través de empresas de logística”, dice Patrik Bergareche, director general de Just Eat en España, refiriéndose a los servicios de mensajería y de transporte.

Gonzalo Pino, del sindicato UGT, que negocia con el Gobierno la regulación de los trabajadores autónomos, dijo que apoya el modelo híbrido de Just Eat siempre que implique convenios colectivos.

Sin embargo, algunos grupos de repartidores prefieren que todos los trabajadores sean contratados directamente por las empresas de reparto online. Eso conllevaría unos costes de seguridad social que supondrían un tercio de la nómina, el pago de al menos el salario mínimo y la provisión de los medios necesarios para realizar el trabajo: por ejemplo, una moto para repartir comida.

En el caso de Néstor Pérez, dos fuentes familiarizadas con la investigación sobre su muerte dijeron que la subcontratación de su trabajo a través de una cuenta de Deliveroo propiedad de otra persona era legalmente vaga.

Su hermano Ronald dijo a Reuters desde Caracas que Deliveroo había ayudado a pagar los gastos del funeral, pero que la familia había tenido dificultades para contactar con el titular de la cuenta online para la que trabajaba Néstor.

Ronald Pérez dijo que la familia estaba considerando emprender acciones judiciales. “Aunque demandemos, no vamos a recuperar una vida. Pero queremos sentar un precedente”, dice, sin especificar cuál sería el objetivo de una demanda.

Deliveroo dijo que “apoyaría” a la familia de Pérez, pero no quiso dar más detalles.