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Cuando la china Zijin Mining pagó US$ 1,000 millones para comprar una extensa mina de oro en los Andes colombianos a finales del 2019, los riesgos de seguridad eran la principal preocupación, a pesar de que una operación del ejército había golpeado a los mineros ilegales.
El nerviosismo de la compañía estaba justificado: la extracción ilegal por parte de los mineros en túneles dentro de su concesión o adjunto a ella se disparó desde el fin de la operación militar.
Miles de mineros ilegales ahora están trabajando en condiciones difíciles, a veces con riesgos mortales, en docenas de túneles y alrededor de 150 ubicaciones clandestinas de procesamiento en el municipio de Buriticá, dijo el Gobierno local y una unidad especializada de la Policía contra la minería ilegal.
Los túneles están controlados por el Clan del Golfo, una banda criminal conocida localmente como “Los Diez” por el 10% de la producción que les quitan a los mineros ilegales.
El Clan después compra la producción restante, lo que permite a los mineros quedarse con algo de oro o darles efectivo o mercurio líquido como pago.
Las operaciones ilícitas representan una amenaza para la comunidad cercana, que teme potencial violencia y el envenenamiento de la cuenca local de agua con mercurio, utilizado por los buscadores para separar el oro de la tierra extraída. También están recortando las ganancias de Zijin.
La producción en la cercana mina de Zijin está siendo “seriamente afectada” por la presencia de mineros ilegales, dijo a Reuters James Wang, director ejecutivo de Zijin-Continental Gold, en una entrevista en video desde la mina, en el noroeste de Colombia.
Las pérdidas en el primer trimestre equivalieron al 20% de la producción total, afirmó Wang. La compañía redujo su objetivo de producción para el año a 200,000 onzas, por debajo de las 240,000 onzas originales.
“Ocupan áreas de alta calidad, ese es el problema”, precisó Wang, y agregó que la empresa nunca logra su objetivo de producción de al menos 500 kilos (17,640 onzas) por mes, debido a operaciones ilegales.
Colombia podría perder su brillo
El creciente problema de la extracción ilegal que sufre Zijin en Buriticá es la más reciente prueba que enfrenta la capacidad de los mineros chinos para manejar los problemas de seguridad en América Latina, una región donde las empresas han lidiado durante mucho tiempo con los mineros ilegales, las tensiones comunitarias y el crimen.
China, el principal consumidor de metales, depende de América del Sur para una gran proporción de sus importaciones de concentrados de cobre y zinc. Las empresas estatales chinas también han adquirido participaciones en minas en Perú y Ecuador para asegurar el suministro.
Las pérdidas de producción de Zijin en Buriticá podrían frenar el entusiasmo de la industria por Colombia, que busca atraer inversiones en depósitos sin explotar de oro, cobre y otros minerales.
El país está siendo sacudido por violentas protestas por la desigualdad, la pobreza agravada por el COVID-19 y la violencia policial.
“Es realmente un desafío manejar estas áreas. Pero se necesita mucho compromiso del Gobierno para tomar acciones para controlar las regiones”, afirmó Wang. “Tomará tiempo.”
El Gobierno ha ofrecido “un apoyo muy fuerte”, dijo Wang, pero necesita “dar más apoyo e implementar la ley y el orden en la región”.
El funcionario se negó a decir si eso significaba más presencia militar o policial, y aseguró que “depende de la situación”.
Ni los secretarios de minería ni de seguridad de Antioquia comentaron sobre la situación, mientras que tanto el Ejército como la unidad de la Policía contra la minería ilegal dijeron que tendrían tiempo para responder después de que terminen las protestas.
Esa unidad de policía allanó recientemente una sala secreta de procesamiento subterránea en el borde de la concesión de Zijin, donde a lo largo del piso se drena barro fino con mercurio. Escondidas cerca había cuatro pequeñas botellas del tóxico líquido plateado.
Los mineros ilegales pueden ganar entre US$ 1,600 y US$ 5,400 al mes, en un país donde el salario mínimo es de aproximadamente US$ 270. Pero muchos otros viven en una pobreza angustiante, con la esperanza de hacerse ricos.
Los túneles pueden ser mortales. Los residentes dijeron que algunos mineros han muerto por explosiones accidentales de dinamita, pero Reuters no pudo verificar de forma independiente esas versiones.
Las operaciones policiales contra la minería ilegal obtienen triunfos temporales en el mejor de los casos, dijo el líder comunitario y minero formalizado Fredy Díaz.
“Van, cogen entables, queman motores, plantas pero como el oro genera tanta riqueza, (si) usted me quemó una planta, compro otra”, dijo.
Violencia potencial
Además del tráfico de explosivos, mercurio y madera, burdeles y drogadicción, la riqueza de los túneles ha creado una explosión demográfica.
Hasta 5,000 personas han llegado de otras partes del departamento de Antioquia y más lejos, atraídas por la tentación del oro ilegal, casi duplicando la población, según el alcalde de Buriticá, Luis Hernando Graciano.
En comparación, los empleados de Zijin en Buriticá y otras partes del occidente de Antioquia son 635, lo que representa alrededor del 45% del personal de la empresa.
El alcalde aseguró que le preocupa que la noticia de la riqueza minera ilegal pueda atraer a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que podría generar violencia.
“Entonces hay otros grupos que quieren también hacer parte de eso, y el miedo que tenemos es que (el Clan) se discuten con otros grupos y se generen conflictos”, sostuvo Graciano.
Alternativa laboral
Mientras Zijin pide medidas gubernamentales más estrictas para restringir la minería ilegal, Graciano y algunos mineros formalizados dicen que la propia empresa podría hacer más al permitir que más mineros locales accedan a su concesión en virtud de contratos de formalización.
Aunque los contratos en sí mismos no expulsarían al Clan, ofrecerían alternativas de empleo y condiciones de trabajo más seguras para los mineros, y estarían sujetos a regulaciones ambientales.
Seis grupos de mineros, unas 130 personas, obtuvieron un estatus formal, trabajaron dentro de la concesión y entregaron el 43% de su producción como pago por el uso del título de Zijin y sus instalaciones de procesamiento.
Wang de Zijin dijo que la compañía está considerando expandir su programa de formalización, pero los lugareños dicen que aún enfrenta desafíos.
Los mineros formalizados a veces tienen que abandonar túneles o evitar ciertos sitios debido a la presencia de mineros ilegales y son vulnerables a conectarse accidentalmente bajo tierra con túneles ilícitos, dijo el minero Hugo Valle.
“Somos nosotros los legales los que tenemos que pagar el precio de la situación social y de orden público de un territorio donde no se puede controlar estos actores”, afirmó Valle.