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Autoridades judiciales del régimen comunista informaron que 62 personas han sido juzgadas hasta el momento en Cuba por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, mientras se desconoce aún la cifra oficial de detenidos.
El delito predominante, imputado a 53 de los procesados, fue desorden público, aunque se les imputaron también otros como desacato, resistencia, instigación a delinquir y daños, declaró el magistrado del Tribunal Supremo Popular Joselín Sánchez al diario estatal Granma.
Las penas para esos delitos van de tres meses a un año de prisión o multas de hasta 300 cuotas o ambas, según el Código Penal cubano que criminaliza la protesta si es opositora al régimen comunista en el poder por más de 62 años.
El juez indicó que 22 de los 62 procesados asistieron al juicio oral con abogados, 45 presentaron el recurso de apelación y solo uno quedó absuelto.
Aseguró que los procedimientos se llevaron a cabo “con apego a la legalidad y respeto al debido proceso y a todas las garantías previstas en la legislación cubana”.
Sánchez mencionó que la Fiscalía recibió 215 reclamaciones después del 11 de julio, principalmente para saber dónde estaban los detenidos, sobre los que hasta el momento no hay una cifra oficial.
En cuanto a los excesos cometidos por la Policía, afirmó que las quejas “no han sido representativas”.
Durante y después de las protestas de julio, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
El Gobierno no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos hay, si bien organizaciones han hecho sus propios estudios que los cifran desde más de cien hasta miles en todo el país.
Estas organizaciones han denunciado graves incumplimientos de la legalidad por parte de la justicia cubana, desde ignorar el derecho de hábeas corpus de los procesados hasta juicios sin abogado defensor y condenas de cárcel sin pruebas concluyentes.
Las manifestaciones del 11-J se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad.
Las autoridades comunistas, por su parte, insisten en culpar a Estados Unidos tanto de las protestas como de la extrema escasez que sufre el país.
Hasta que el ahora expresidente Donald Trump lo prohibió, Cuba recibía unos US$ 13,000 millones anuales de remesas desde Estados Unidos enviadas por familiares que residen en ese país, lo que era una de las dos principales fuentes de ingreso de la isla junto al turismo.