Jeanine Áñez. (Foto: EFE)
Jeanine Áñez. (Foto: EFE)

La secretaría general de la advirtió sobre un “abuso de mecanismos judiciales” en Bolivia, luego de que la expresidenta interina, , fuera acusada de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario

La oficina encabezada por Luis Almagro manifestó en un comunicado su “preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

Además, dijo que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”, y pidió “la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”.

Áñez dejó el poder en Bolivia en noviembre del 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce, del , liderado por Morales.

La exsenadora de derecha había reemplazado en noviembre del 2019 al expresidente izquierdista Morales, luego de que éste renunciara en medio de protestas después de su reelección en comicios calificados de fraudulentos.

Detenida bajo cargos de sedición, terrorismo y conspiración, Áñez fue ordenada el domingo a cumplir cuatro meses de prisión preventiva en espera de su juicio.

Áñez fue detenida el sábado al igual que sus ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). La orden de la Fiscalía alcanza también a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).

El domingo también fue arrestado un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno sindica de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en el 2019.

La oficina de Almagro lamentó las “amenazas de persecución judicial a políticos opositores”.

“En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”, señaló.

La secretaría general de la OEA recordó la necesidad de respetar “la separación e independencia de los poderes públicos”, tal como dispone la Carta Democrática Interamericana.

Además, pidió conformar una comisión internacional en el marco de esa organización y/o de la ONU “para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición”.

Morales, que gobernó Bolivia desde enero del 2006 a noviembre del 2019, aspiraba a seguir en el poder hasta el 2025 de manera ininterrumpida.