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Nunca antes los gobiernos han erigido mecanismos de ayuda tan generosos como los que han creado durante la pandemia. En Reino Unido, los salarios de 7.5 millones de trabajadores en licencia obligatoria están siendo pagados en gran parte por el Estado, que está gastando más en ese rubro que en salud. En Francia, el Gobierno está cubriendo los ingresos dejados de percibir por trabajadores del sector privado cuyas horas laborales han sido recortadas.
Estados Unidos ha aumentado su subsidio por desempleo en US$ 600 por persona por semana, lo que casi triplica el pago promedio. Desde marzo, se han presentado alrededor de 34 millones de solicitudes para recibirlo. Por su parte, Alemania y Japón han potenciado sus existentes esquemas de subsidio para trabajadores que están en licencia total o parcial.
Estas medidas han sido indispensables. El reemplazo de ingresos dejados de percibir con subsidios gubernamentales ha evitado sufrimiento, ha prevenido que las economías se derrumben y ha garantizado el respaldo del público a las disposiciones de distanciamiento social.
Pero los gobiernos también necesitan preparar una estrategia de salida, no solo de los confinamientos sino también de sus políticas de emergencia, pues no pueden reemplazar indefinidamente los ingresos del sector privado. Si las transferencias actuales son mantenidas por demasiado tiempo, serán ruinosamente onerosas e impedirán que los mercados laborales se adapten al nuevo estilo de vida que emergerá por causa de la pandemia.
Muchos de los esquemas aplicados reflejan la idea de que las economías necesitan ser puestas en estado de ultracongelación a fin de que revivan intactas cuando la crisis amaine. No obstante, parece crecientemente probable que las economías experimentarán cambios permanentes. Por ejemplo, los consumidores podrían emerger del confinamiento con nuevos hábitos de socialización y dedicarían menos tiempo a restaurantes, cines y viajes, y gastarían más en delivery, renovación de sus viviendas y streaming de video.
Los empleados podrían, razonablemente, exigir salarios más elevados para desempeñar ciertas labores, tales como construcción o carnicería, en las cuales hay que trabajar codo a codo con otras personas, durante toda la jornada. Y debido a los controles en las fronteras, los sectores que dependen de mano de obra inmigrante tendrían que atraer a trabajadores locales.
En Estados Unidos, cuatro de cada diez empleos perdidos en la pandemia no retornarán, de acuerdo con una estimación basada en encuestas, tendencias históricas y señales del mercado de valores. Ya se han compensado, con nuevas contrataciones, tres de cada diez pérdidas brutas de empleos.
Los ajustes necesarios no ocurrirán mientras el Estado siga pagando a los trabajadores para que esperen el regreso de sus antiguos empleos -a menudo, con más dinero de lo que percibían-. En Estados Unidos, alrededor del 75% de beneficiarios del seguro de desempleo está recibiendo más de lo que percibía en su trabajo, lo cual atenúa el incentivo de buscar un nuevo empleo.
Sin embargo, recortar las ayudas abruptamente dejaría a legiones de desempleados abandonados a su suerte y en condiciones brutales, en especial en Estados Unidos, con su débil sistema de protección social. En suma, los gobiernos enfrentan un difícil desafío de búsqueda de equilibrio: si se retiran las ayudas demasiado pronto, muchas personas padecerán; hacerlo demasiado tarde, y la economía se osificará.
Para encontrar el rumbo apropiado, las ayudas más cuantiosas solo debieran conservarse en sectores que el Gobierno mantenga forzosamente cerrados. Cuando se permita que abran tiendas, restaurantes y cines, el mercado tendrá que decidir si esos negocios tienen futuro, y tales señales no deberían ser ignoradas por mucho tiempo.
Los esquemas de salida de las cuarentenas también deben incentivar la flexibilidad. Por ejemplo, se debe posibilitar que los trabajadores regresen a sus empleos a tiempo parcial, que es a lo que se comprometió Reino Unido la semana pasada.
Estados Unidos debe hacer mayor uso de esquemas de trabajo compartido (“job sharing”), que ya se aplican en cerca de la mitad de sus estados y que, como ocurre en Europa, brindan beneficios sobre la base de horas laborales perdidas y no empleos perdidos. Esto debiera emparejarse con el seguro de desempleo, aunque ninguno de estos esquemas debería pagar tanto que desincentive la búsqueda de empleo a tiempo completo.
Por último, los gobiernos tendrían que ayudar a las personas a encontrar nuevos empleos. Eso significa impulsar el soporte a la capacitación, eliminar barreras como los innecesarios permisos y recortar los impuestos a la planilla a fin de alentar la contratación. Tal como ocurre en tiempos normales, los gobiernos no deben interponerse al cambio económico. Más bien, pueden engrasar las ruedas, al tiempo de ofrecer una mano a quienes queden dejados de lado.