La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pedido de medidas cautelares de quien argumentaba que sus derechos habían sido violados en la embajada ecuatoriana en Londres, donde está refugiado desde hace casi siete años.

La Procuraduría General de Ecuador precisó el miércoles en un comunicado que la CIDH argumentó que la solicitud del fundador de WikiLeaks “no cumplió con los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable previstos... en el reglamento de la CIDH”, la cual acogió la defensa presentada por el Estado ecuatoriano.

Ecuador estableció en agosto un estricto protocolo de visitas y comportamiento que regula la permanencia del activista en su embajada en Londres luego de que los diplomáticos denunciaran una serie de abusos y mala conducta por parte de Assange.

Desde entonces Assange ha denunciado que sus derechos se han visto afectados, pero las quejas no han prosperado en los tribunales de justicia de Ecuador ni en los internacionales.

El canciller de Ecuador, José Valencia, dijo a periodistas que “esperamos que el caso del señor Assange se resuelva pronto... no puede permanecer siete años al costo de un millón de dólares al año para el Estado ecuatoriano. Creemos que lo que tiene que hacer es tomar una decisión adecuada”.

Añadió que las acciones de protección pedidas por Assange “por supuesto que nos incomodan muchísimo. Nos parece increíble que una persona como el señor Assange, precautelada, cuidada por el Estado ecuatoriano durante ya casi siete años, cuestione esta especial atención que recibe del Estado”.

El fundador de ingresó a la embajada en junio de 2012 para evadir una orden de extradición a Suecia, donde era acusado de delitos sexuales, demanda que prescribió el año pasado. Pero la justicia británica le negó hace más de un año un pedido de libertad debido a que los magistrados consideraron que Assange había incumplido las condiciones de la libertad bajo fianza.

Assange y sus abogados temen que si deja la misión diplomática pueda ser extraditado a Estados Unidos, país del que reveló secretos militares y de Estado y donde la justicia lo requiere para que responda por esas acciones.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange en diciembre de 2017 como parte de un plan para hacerlo miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó entregarle estatus diplomático.