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Hace dos décadas, Jaime Alemán buscaba recuperar la reputación de Panamá como centro de negocios estable tras la invasión de Estados Unidos en 1989.
Entonces, el abogado graduado de la Universidad de Duke reunió a los directivos de los principales bufetes de abogados del país para respaldar una legislación inspirada en las normas amistosos de Liechtenstein sobre fundaciones privadas.
La historia, contada por Alemán en su autobiografía, “La honestidad no tiene precio”, fue el comienzo de un auge de entidades extraterritoriales, en las que líderes mundiales, celebridades y otros utilizaron cientos de miles de empresas fantasma en Panamá para ocultar sus activos y aprovechar las lagunas contables y fiscales.
Ahora, su firma de abogados, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, está en el centro de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) por haber creado miles de empresas extraterritoriales que escondían dinero en paraísos fiscales para políticos y figuras públicas.
La filtración de esos registros financieros, conocida como papeles de Pandora, eclipsa en tamaño a la de los papeles de Panamá en el 2016.
“Durante las últimas tres décadas, Alcogal se ha convertido en un imán para los ricos y poderosos de América Latina y fuera de ella que buscan ocultar su riqueza en paraísos fiscales”, dice el informe. “La firma actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos”.
Entre los clientes del bufete figuran el rey de Jordania Abdullah II, expresidentes de Panamá, el presidente de Ecuador y un candidato presidencial de Honduras, según el informe. Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los registros filtrados y casi 2 millones de los 11,9 millones de documentos de los papeles de Pandora estaban vinculados a Alcogal.
En total, el ICIJ contabilizó 14,000 entidades en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales creados con el apoyo de Alcogal como parte de los esfuerzos para ocultar dinero del escrutinio público para unos 15,000 clientes durante 25 años.
Alcogal dijo en una carta al ICIJ que la constitución de empresas es solo un aspecto de sus servicios legales y que opera en “pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”. La firma “realiza una diligencia debida reforzada sobre un cliente que se determina que es un cliente de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o servicio”, señaló. Alcogal no respondió a una solicitud de comentarios adicionales.
Cofundada en la década de 1980 por Alemán, un exembajador panameño en Washington, DC, la firma trabajó con figuras de algunos de los mayores casos de corrupción de la historia reciente, incluido el llamado escándalo “Lava Jato” que involucró al gigante brasileño de la construcción Odebrecht SA, según el informe.
El informe descubrió que Alcogal creó más de 200 empresas fantasma en Panamá y otras jurisdicciones para Banca Privada d’Andorra, un banco con sede en un principado europeo entre Francia y España, que el Gobierno de EE.UU. incluyó en una lista negra en 2015 por ser una “preocupación principal de lavado de dinero”.
Alcogal es solo un actor en una industria más grande. Alemán, de 71 años, dijo en su autobiografía que ayudó a crear la ley de fundaciones privadas de Panamá junto con otras firmas, como Mossack Fonseca, que estuvo en el centro de los papeles de Panamá. Esa firma cerró en 2018 después de enfrentar redadas y arrestos como parte del escándalo “Lava Jato”.
El libro de Alemán también menciona a Morgan & Morgan, así como a Icaza, González-Ruiz & Alemán y Arias, Fábrega & Fábrega como parte del grupo que dio forma a la ley de fundaciones de Panamá en la década de 1990. Pero no son necesariamente los mayores actores en el espacio.
Esas firmas panameñas no están en los primeros puestos de la lista de Chambers and Partners de los bufetes de abogados internacionales en el extranjero, que incluyen a Maples and Walkers en las Islas Caimán, Harneys en las Islas Vírgenes Británicas, Mourant en Jersey y Appleby en Bermuda.
Tal vez por eso Panamá se siente perjudicada. El expresidente Ricardo Martinelli, quien fue nombrado en el informe del ICIJ por las empresas fantasma de Alcogal vinculadas a dos de sus hijos, tuiteó que el informe del ICIJ pretendía “destruir el país”. Sus hijos fueron detenidos en Guatemala el año pasado después de enfrentar acusaciones de EE.UU. por su presunta participación en el caso de soborno que involucra a Odebrecht.
Juan Carlos Varela, otro ex jefe de Estado panameño, también fue nombrado en el informe por dos empresas que Alcogal registró en 2000 y 2001 en las Islas Vírgenes Británicas, de propiedad de él, miembros de su familia y otros asociados.
Varela dijo en un comunicado en Twitter que fue transparente al declarar la participación accionaria cuando asumió la presidencia en 2014 y cuando dejó el cargo en el 2019.
Las autoridades panameñas también han recomendado imputar a Varela en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, después de que Varela admitiera en el 2017 que durante su campaña a la vicepresidencia recibió donaciones de la constructora. Pero Varela ha negado que el dinero fuera un soborno, y dijo al ICIJ que las donaciones de campaña se hicieron de acuerdo con la ley y fueron informadas a las autoridades electorales.
Un comunicado de la oficina del presidente panameño dice que el Gobierno está trabajando para contrarrestar las repercusiones negativas de la filtración.
“Es nuestro deber defender los intereses de la nación y luchar para que el nombre del país no se asocie a actividades que repudiamos”, dijo el presidente Laurentino Cortizo Cohen.