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Desde un jet que rodea el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, donde los pisos se hunden y los baños apestan, se puede vislumbrar lo que podría haber estado en un sitio de construcción abandonado a pocos kilómetros de distancia. Es el cadáver de un plan para terminar con el infierno de volar a y desde Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lo hundió hace un año, en un movimiento que decepcionó a las aerolíneas, consternó a los viajeros frecuentes y sorprendió a los inversionistas. Después de todo, unos US$ 5,000 millones se habían invertido en el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco. La estimación para terminarlo fue de otros US$ 8,300 millones más o menos, y desecharlo terminará costando más de US$ 9,000 millones.
Ahora López Obrador se está defendiendo de los desafíos legales, mientras una coalición de líderes empresariales y activistas luchan por revivir el proyecto abandonado. Según la mayoría, es poco probable que ganen. Los presidentes tienen un poder radical en el sistema mexicano, y el presidente actual está muy decidido.
“Este es un ejemplo perfecto de cómo, cuando decide que algo es una prioridad, es casi imposible que cambie de opinión”, asegura Carlos Petersen, analista en Eurasia Group. “La cancelación del aeropuerto fue la primera vez que los inversionistas observaron cómo operaría, y estamos viendo lo mismo con Santa Lucía”.
Santa Lucía es el nombre de la base de la fuerza aérea donde López Obrador ordenó la construcción de dos pistas comerciales, por alrededor de US$ 4,000 millones. La Secretaría de Defensa está a cargo y ha considerado el proyecto clasificado, manteniendo los detalles sobre los contratos y los estudios de viabilidad e impacto ambiental en secreto. Esto recuerda a otro proyecto que el presidente está llevando a cabo –un tren turístico en la península de Yucatán– sin revelar cómo el gobierno llegó a la estimación de US$ 7,400 millones y haciendo caso omiso a las críticas de que el esfuerzo es una locura.
López Obrador, un izquierdista elegido el año pasado, ha prometido que toda la información sobre Santa Lucía se hará pública algún día: “no tenemos nada que ocultar. No somos como los conservadores”.
Sus críticos no necesariamente le creen y, en cualquier caso, sostienen que la transparencia llegará demasiado tarde. Recientemente, un juez permitió la construcción en Santa Lucía mientras los tribunales consideran más de 100 demandas en su contra.
Si la base opera como un aeropuerto comercial, lo que el presidente insiste en que sucederá en el 2022, no reemplazará al Benito Juárez, aunque debería aliviar la presión.
La única certeza en el debate es que el Benito Juárez es un desastre congestionado que la gente desearía poder evitar. Los aterrizajes abortados debido a embotellamientos en la pista se dispararon 84% en los primeros cinco meses del año; los pasajeros pueden sentarse durante horas en aviones en tierra que no encuentran salas. Partes de las terminales se deslizan lentamente hacia el lecho de un lago.
El desarrollo urbano circundante excluye significativamente la expansión. Probablemente no haya mucho dinero para mejorar el lugar de todos modos, teniendo en cuenta que los ingresos generados en las instalaciones de casi 90 años se están desviando para pagar algunos costos de cancelación de Texcoco.
Fue el predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, quien lanzó el reemplazo del Benito Juárez: un megaaeropuerto futurista en forma de X diseñado por las firmas del arquitecto británico Norman Foster y el mexicano Fernando Romero, el yerno de Carlos Slim.
La financiación provino de bonos, una línea de crédito y la venta de acciones en algo llamado Fibra E, un híbrido de una sociedad limitada y un fideicomiso de inversión inmobiliaria.
Para cancelarlo –con un financiamiento del 70% completado y una construcción de aproximadamente un tercio realizada–, la administración López Obrador tuvo que comprar la deuda de los tenedores de bonos y pagar para liquidar cientos de contratos anulados. Los bonos del aeropuerto se hundieron a hasta 73.7 centavos pero ya regresaron a su valor nominal. Slim, la persona más rica de México, era un inversionista importante, y su empresa de construcción tenía un contrato principal. Su portavoz, Arturo Elias Ayub, declinó hacer comentarios.
El costo de terminar Texcoco lo vale, según el presidente. El nuevo aeropuerto internacional estaba plagado de acuerdos demasiado generosos para desarrolladores e inversionistas, dijo recientemente. “Fue un proyecto muy caro y faraónico con intereses particulares detrás de él”.
Como líder del pueblo que vuela comercialmente, en clase económica, sabe cuán impopular es su decisión de Texcoco entre muchos de sus electores. Lo escuchó hace dos días, cuando un piloto de Aeroméxico lo recibió a bordo por el altavoz y agregó: “ojalá pudiéramos convencerlo de construir el aeropuerto de Texcoco. Si no es posible, bueno, ¿qué vamos a hacer?”. Los pasajeros respondieron con risas y aplausos. López Obrador estrechó la mano del piloto al salir y dijo simplemente: “¡Santa Lucía!”.
Texcoco ciertamente no estuvo exento de controversia. Se encontraba sobre un área pantanosa en una región propensa a terremotos. La ejecución iba retrasada.
Pero sus partidarios lo ven como la mejor apuesta. El principal grupo que lucha por restaurarlo y detener Santa Lucía es #NoMasDerroches, cuyos miembros incluyen a Coparmex, que representa a 36,000 compañías, y más de una docena de organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la organización activista Mexicanos contra la corrupción. El líder de la coalición es Claudio X. González, hijo del expresidente de Kimberly-Clark de México.
“No nos mueve la política. Simplemente creemos que la decisión del presidente de cancelar Texcoco y construir Santa Lucía es jurídica y financieramente injustificada”, dijo Gerardo Carrasco, un portavoz. “Es un desperdicio de recursos públicos”.
Hay preocupaciones más urgentes, según Mitre Corp., que realizó trabajos de consultoría en Texcoco. Agregar pistas comerciales en la base mientras se mantiene abierto el antiguo aeropuerto pondría a los aviones peligrosamente cerca mientras vuelan en la misma puerta de entrada en el aire, concluyó el Centro para el Desarrollo Avanzado del Sistema de Aviación de Mitre. El presidente asegura que sus propios consultores no están de acuerdo.
Mientras tanto, en el Benito Juárez, las condiciones son tan sombrías como siempre. La senadora Martha Micher, miembro del partido de López Obrador, publicó un mensaje al respecto en Twitter el mes pasado, en el que decía: “ya aterrizamos pero estamos parados, absolutamente parados porque sucede que no nos asignan sala. Llevamos más de 15 minutos esperando sala. ¿Increíble verdad?”.
Eso provocó una avalancha de respuestas. “¡Increíble!”, decía una persona. “Tal vez necesitamos el aeropuerto que usted canceló”.