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Sus propagandistas lo llaman “Súper Bigote”, y su gobierno ha repartido juguetes de plástico que lo representan como un héroe con capa. Pero en realidad Nicolás Maduro, el déspota presidente de Venezuela, tiene un solo superpoder: una extraordinaria capacidad para aferrarse al cargo sin importar los deseos de sus compatriotas, como lo han demostrado los acontecimientos de esta semana.
La economía se ha derrumbado en un 75% durante su década en el poder. Una cuarta parte de la población ha emigrado: unos 7 millones de venezolanos. Manipuló las elecciones del 2018. Al año siguiente, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, impuso duras sanciones al petróleo y las finanzas venezolanas, en un intento por restaurar la democracia. Sin embargo, Maduro aún no muestra signos de ceder. Políticamente, parece estar cada vez más fuerte.
Un antiguo rival ahora se ha exiliado. Juan Guaidó, un político de la oposición, había sido reconocido por más de 50 gobiernos democráticos en 2019 como el presidente legítimo de Venezuela. El 24 de abril dijo que había viajado en secreto por tierra a Colombia para reunirse con los delegados en una conferencia al día siguiente, organizada por Gustavo Petro, el presidente de izquierda de Colombia.
El objetivo de esta conferencia fue reunir a representantes de varios gobiernos para hablar sobre Venezuela. Colombia acusó a Guaidó de ingresar al país “irregularmente” y dice que accedió a volar a Estados Unidos. Guaidó dice que fue deportado. “La persecución del dictador en estos días llega a Colombia”, refunfuñó mientras se marchaba.
El hundimiento de la democracia venezolana comenzó bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, quien murió en 2013. Desde que Maduro lo sucedió, ha socavado sistemáticamente las instituciones del país. Después de otra serie de elecciones no competitivas en 2020, estableció una Asamblea Nacional que aprueba sus decretos. Mantiene la lealtad del ejército haciendo la vista gorda mientras los oficiales llevan a cabo negocios lucrativos. Otros regímenes autocráticos, como el de Cuba, han ayudado a apuntalarlo.
Maduro, un exdirigente sindical, se describe a sí mismo como socialista y ha disfrutado del apoyo de la extrema izquierda en todo el mundo, en parte debido a su enemistad con Estados Unidos. Una mejor descripción de su régimen sería: intimidante y corrupto. A los compinches de Maduro les está yendo fabulosamente bien.
Venezuela es ahora la nación más desigual de América Latina, según investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la capital. La hiperinflación, causada originalmente por la impresión de dinero del régimen, ha disminuido un poco, cayendo de un pico casi inconmensurable en febrero de 2019 al 500%. Esto se debe a que el gobierno de Maduro ha alentado a quienes pueden a renunciar a la moneda local y utilizar dólares estadounidenses en su lugar.
Las críticas al miserable historial de Maduro rara vez se transmiten, ya que el régimen domina las ondas de radio. A principios de este mes se lanzó “Con Maduro”, un programa de televisión semanal. El presidente lo conduce con Cilia Flores, su esposa, y una presentadora de IA llamada “Sira”, quien fusiona la apariencia de una concursante de Miss Venezuela con la autoridad tranquilizadora de una verdadera locutora. El programa es probablemente un lanzamiento suave de su campaña para la reelección en 2024. Es poco probable que esa votación sea justa.
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Dos acontecimientos internacionales han jugado a favor de Maduro. El primero es la guerra en Ucrania, que ha llevado a una lucha global por alternativas al petróleo ruso. Ansiosa por impulsar los suministros energéticos globales, la administración del presidente Joe Biden ha reevaluado su relación con su régimen y ha comenzado a deshacer algunas de las sanciones de Trump.
El año pasado, Biden envió dos veces enviados para reunirse con Maduro. Su administración ha permitido que Chevron, un gigante petrolero estadounidense, reciba petróleo venezolano en pago de las deudas que tiene con PDVSA, la compañía petrolera estatal. En parte como resultado de la relajación de las sanciones, el FMI espera que la economía crezca un 5% este año.
El segundo cambio que ha ayudado a Maduro es la reciente elección de varios izquierdistas en América Latina. Petro, un exmiembro del grupo guerrillero M-19, se movió rápidamente para restablecer las relaciones después de llegar al poder el año pasado. Se ha reunido con Maduro varias veces. Armando Benedetti, el primer embajador colombiano en Venezuela en tres años, fue enviado a Caracas días después de que Petro asumiera el cargo. En enero, la frontera de 2,200 km (1,400 millas) entre los dos países se reabrió a los automóviles después de haber estado casi cerrada durante siete años.
Petro se ha convertido en un canal no oficial entre Estados Unidos y Venezuela. El 20 de abril conversó con el presidente Joe Biden sobre los objetivos de su conferencia, que incluían el levantamiento de sanciones. La reunión del 25 de abril reunió a representantes de al menos 19 gobiernos de Europa y las Américas.
En el evento, Jon Finer, el asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, dejó en claro que se podrían levantar más sanciones si Venezuela tomaba medidas para restaurar la democracia y celebrar elecciones libres y justas. Esto implicaría reconocer a todos los candidatos de la oposición y aceptar observadores electorales independientes. Finer dijo a los periodistas que la administración de Biden no quiere mantener las sanciones contra Venezuela “a perpetuidad”.
La conferencia también acordó que deberían reiniciarse las conversaciones oficiales entre el régimen y la oposición venezolana, celebradas en México pero negociadas por Noruega. Estos han estado estancados desde noviembre. El gobierno de Maduro afirma que Estados Unidos bloqueó un fondo humanitario, que acordó con la oposición que se crearía con alrededor de US$ 3,200 millones de efectivo congelado del gobierno. La verdad es más complicada: hay disputas legales sobre cómo debe administrarse el fondo y protegerse de los acreedores.
Petro tiene sus propios incentivos para coquetear con Maduro. Una de sus promesas electorales del año pasado fue traer “paz total” a Colombia. Un obstáculo clave para eso es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda, que desde su formación en la década de 1960 ha estado luchando continuamente contra el gobierno colombiano. Las operaciones del ELN, que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal, no se limitan al territorio colombiano. El grupo también tiene bases en Venezuela, donde opera con casi total impunidad.
Un rumor en Caracas es que Petro le ofreció un trato a Maduro: persuadiría a Biden para que levantara las sanciones a Venezuela a cambio de lo cual Maduro persuadiría al ELN a negociar la paz con el estado colombiano. “Parece un triunfo para todos, excepto que ambos ofrecen algo que no necesariamente pueden entregar”, dice un diplomático occidental en Caracas. (El 26 de abril, Petro reorganizó su gabinete después de que su coalición en el Congreso se desmoronara).
Héroe sin capa(cidad)
¿Por qué Maduro estaría de acuerdo con cualquier concesión que podría llevarlo a perder una elección? Una explicación es que cree que podría ganar una votación que se considere justa a los ojos del mundo exterior. Eso no es inverosímil: la oposición, que actualmente está discutiendo si y cómo realizará una elección primaria en octubre, puede no lograr unirse en torno a un solo candidato. El apoyo a Maduro en febrero fue del 22%, según Datanálisis, una empresa encuestadora. Eso es bajo, pero no tan bajo como lo fue antes.
Otra explicación es que el dictador ve las negociaciones como una ruta hacia más poder. Maduro “no es tan fuerte como le gustaría ser”, dice Geoff Ramsey del Atlantic Council, un grupo de expertos estadounidense. “Al entrar en un año electoral, está desesperado por dinero en efectivo, y la única forma en que Venezuela puede esperar recuperar su economía es a través de algún tipo de alivio de las sanciones”.
La economía es apenas una cuarta parte del tamaño que tenía en términos de dólares antes de que Maduro asumiera el cargo en 2013. Recientemente ha mostrado algunos signos de recuperación, pero aún se encuentra en una condición precaria, sobre todo porque la producción de petróleo ha caído. Las pensiones estatales, pagadas en moneda local, ahora valen menos de US$ 5 al mes al tipo de cambio oficial. Los maestros de escuelas públicas han estado protestando por sus salarios de menos de US$ 20 al mes.
Una aguda escasez de divisas puede ser una de las razones por las que el régimen inició una investigación por corrupción en PDVSA. Esto ha llevado al arresto de 61 líderes empresariales y políticos, la investigación de cientos más y la renuncia, el 20 de marzo, de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleo y alguna vez uno de los hombres más poderosos de Venezuela. El Aissami no ha sido acusado de ningún delito.
El escándalo comenzó a surgir el año pasado cuando una auditoría de cuentas de PDVSA ordenada por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del país, reveló que el 84% del petróleo que había embarcado desde 2020 no había sido pagado. Los intermediarios turbios, contratados por la empresa en un esfuerzo por eludir las sanciones, parecen haberse aprovechado de la situación para desplumar a la empresa por miles de millones.
Desde la renuncia de El Aissami, no se le ha visto ni oído hablar de él en público. Algunos afirman que Maduro, en connivencia con sus poderosos asesores, Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el jefe de la falsa Asamblea Nacional, decidió que se estaba volviendo demasiado poderoso. “Los muchachos de PDVSA se habían convertido en una amenaza, por lo que [ellos] debían ser eliminados”, dice un empresario con sede en Caracas.
El 21 de abril se dio a conocer que uno de los detenidos como parte de la investigación, Leoner Azuaje, exdirector de Cartoven, la empresa estatal de empaques, murió mientras se encontraba bajo custodia de la seguridad del Estado. El gobierno dice que se suicidó. Los miembros de su familia dicen que temen por sus propias vidas.
Tienen motivos para estar preocupados. El 20 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer detalles de su consulta con presuntas víctimas de abusos a los derechos humanos en Venezuela. Esto es parte de una investigación formal para establecer si el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluso contra sus oponentes políticos, lo que podría resultar en enjuiciamientos. El documento, resultado de más de 1,700 testimonios, incluye denuncias de tortura a manos de matones de seguridad del Estado.
La investigación de la CPI se mencionó en el nuevo programa de televisión de Maduro el 24 de abril. Rodríguez continuó y explicó cinco cosas que dijo que eran necesarias para que se reiniciaran las conversaciones con la oposición. Junto con el levantamiento de todas las sanciones, pidió el fin inmediato de la investigación del tribunal. Esto a pesar de que Venezuela es signataria del estatuto que instituyó la CPI. Después de una década en el poder, el régimen tiránico de Maduro ahora se ve completamente por encima de la ley.