Maricruz Abarca lloró hace tres años al enterarse que había recibido el derecho legal a trabajar en Estados Unidos y evitar la deportación bajo un programa del gobierno llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
Después de vivir en las sombras durante años debido a su situación ilegal luego de entrar a Estados Unidos desde México cuando tenía 15 años para encontrarse con familiares en Nueva Jersey, finalmente podría comenzar a crear planes concretos para su futuro.
"Tener la oportunidad de estar de manera legal y sin miedo a la deportación fue un enorme beneficio. Ir a dormir cada noche sin pensar en lo que le iba a ocurrir a mis hijos", dijo Abarca, de 31 años, en una entrevista en el campus de la Universidad de Baltimore, donde estudia con la esperanza de titularse como abogada.
Abarca es una de aproximadamente 660,000 personas apodadas “Dreamers” beneficiadas por el DACA, que fue creado para proteger a los inmigrantes que durante su infancia ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y permanecieron en el país luego de que expiró su visa. El programa fue implementado en el 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama.
El presidente republicano Donald Trump buscó terminar el programa en el 2017, pero varios fallos judiciales bloquearon sus esfuerzos.
En el caso de Abarca, el DACA le ha dado beneficios concretos. La ayudó a poder optar a una matrícula universitaria más baja en el estado y obtener una licencia como agente de autos usados. También le entregó seguridad a ella y su familia, incluidos sus tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses debido a que nacieron en el país. Abarca sueña con convertirse algún día en alcaldesa de Baltimore.
Pero la situación de Abarca, al igual que la de otros protegidos por DACA, está amenazada. La Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora 5-4 gracias a dos jueces designados por Trump, tiene previsto escuchar argumentos el martes para decidir sobre la legalidad de los planes de Trump para poner fin al programa y exponer nuevamente a sus beneficiarios a la deportación.
Trump ha hecho de su línea dura contra la inmigración legal e ilegal una pieza central de su presidencia. Abarca es una de las beneficiarias del DACA que demandó al gobierno. Ella dijo que planea participar de una manifestación frente a la Corte Suprema el martes, en su cumpleaños 32.
"El futuro de miles de 'Dreamers' está básicamente en sus manos", dijo Abarca sobre los jueces. "Estamos en el limbo, sin saber qué va a pasar con nuestras vidas", agregó. Si se termina el programa, "volveré a las sombras".
Adonia Simpson, abogada del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Americans for Immigrant Justice con sede en Miami, dijo que algunos beneficiarios del DACA temen que la información personal que le entregaron al gobierno cuando se registraron en el programa sea utilizada ahora para perseguirlos a ellos o a sus familiares para una posible deportación.
"Hay mucha incertidumbre y temor. Muchas personas no saben qué pasará si el programa se termina", sostuvo Simpson.
Los beneficiarios del DACA han recibido el apoyo de varios grupos empresariales y compañías, incluidas Microsoft Corp y Apple Inc, que presentaron escritos ante la Corte Suprema oponiéndose a las medidas de Trump.
Universidades y centros de educación superior, incluido el sistema de la Universidad de California -que tiene alrededor de 1,700 "Dreamers" inscritos-, también se oponen a la medida de Trump.
“Ellos están trabajando. Están formando familias. Están pagando impuestos. Están contribuyendo de todas las formas”, dijo a Reuters Janet Napolitano, presidenta del sistema de la Universidad de California y quien sirvió como secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama, cuando se creó el DACA.
