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La Corte Suprema de Justicia de Panamá inicia este viernes una sesión permanente para decidir sobre la alegada inconstitucionalidad del contrato de una gran mina de cobre a cielo abierto, de capital canadiense, cuya operación ha generado las mayores protestas en décadas en el país con un saldo de cuatro muertos, pérdidas millonarias a la economía y crispación social.
El pleno de nueve magistrados sesionará “hasta emitir su decisión, en el menor tiempo posible”, sobre dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 406 del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), aprobada el 20 de octubre pasado y que renovó por 20 años prorrogables la concesión.
Minera Panamá explota la mina Cobre Panamá, la mayor inversión privada en la historia del país con alrededor de US$ 10,000 millones, que genera más de 7,000 empleos directos y 40,000 indirectos y cuya actividad es responsable del 4.8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y representa el 75% de las exportaciones de bienes panameños, según datos de la empresa.
A continuación las cinco claves del por qué este proyecto, acusado por ambientalistas de causar graves daños al Corredor Biológico Centroamericano, se enfrenta a un proceso judicial que puede decretar su fin.
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1. Un primer contrato declarado inconstitucional
La Corte Suprema declaró inconstitucional en 2017 el contrato ley que en 1997 avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a la empresa ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
Tanto Minera Panamá como el Gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) defendieron que el fallo de 2017 no afectaba a la mina porque declaraba inconstitucional la ley aprobada para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión.
2. Se negocia un nuevo contrato
El actual Gobierno del presidente Laurentino Cortizo anunció a mediados de 2021 la negociación de un nuevo contrato con Minera Panamá para dar legalidad a la operación y aumentar los beneficios al fisco, descartando así el cierre del proyecto por considerar que eso sería un “suicidio” desde el punto de vista económico.
Las negociaciones comenzaron en septiembre de 2021 y finalizaron con el acuerdo del nuevo contrato ley en marzo de 2023, tras un duro proceso que incluyó una orden gubernamental del cese de operaciones de la mina y la activación por parte de la empresa de “dos procesos de arbitraje contra Panamá”, según informó el 24 de diciembre de 2022 el Ministerio de Comercio e Industrias.
El Gobierno defiende que el nuevo contrato multiplica por 10 los aportes al fisco, con un aporte mínimo anual de US$ 375 millones por regalías que se elevaron de 2% a entre 12% y 16%, el pago de impuestos antes exentos, y la vigilancia ambiental.
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3. Ambientalistas denuncian que se mantienen los vicios
Grupos ambientalistas, abogados y políticos que tienen años luchando contra la mina aseguran que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a declarar inconstitucional el primero, entre ellos que en ambos casos la concesión se adjudicó de forma directa, sin la licitación que dicta la ley.
“Los vicios están repetidos y aumentados en este contrato en relación con el anterior”, dijo a EFE la ex fiscal general y exdiputada independiente panameña Ana Matilde Gómez.
4. Amplio rechazo popular
La crisis que comenzó el pasado 23 de octubre en rechazo a la mina ha dejado marchas multitudinarias no vistas en décadas, bloqueos de vías que han resultado en la muerte de 4 manifestantes, pérdidas que superan los 1.700 millones de dólares y una huelga docente que tiene sin clases a cerca de 800,000 estudiantes. Pero las manifestaciones contra el contrato minero comenzaron a inicios de año.
En una consulta pública no vinculante activada por el Gobierno a través de una plataforma digital, “más del 70 % de las personas que participamos dijimos no a la minería metálica a cielo abierto”, recalcó la ex fiscal general Gómez.
5. Lo que viene tras del fallo
Si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de la ley 406 el contrato “deja de existir”, afirmaron a EFE la ex fiscal general y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño. El Ejecutivo tendrá, en muy corto plazo, que ordenar el cese de operaciones, que no es lo mismo que el cierre de la mina.
La ambientalista Raisa Banfield, miembro del movimiento ‘Panamá vale más sin minería’, dijo a EFE que promueven la realización de una “licitación pública con unos términos de referencia para que vengan empresas para reducir la operación y ponerle un término”, un proceso que será largo y costoso.
Se espera además que Minera Panamá y FQM activen arbitrajes que pueden involucrar miles de millones de dólares en resarcimiento.
Por otro lado, el escenario de un fallo que dicte que el contrato es constitucional es poco probable, a juicio de Gómez, “porque el máximo tribunal estaría desdiciendo así mismo” frente a la decisión de 2017.
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