En enero pasado, Perú prohibió el ingreso de Maduro, y a los integrantes de la cúpula de gobierno, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias, en cumplimiento de acuerdos del Grupo de Lima, bloque que presiona por la salida del poder del mandatario socialista. (AFP)
En enero pasado, Perú prohibió el ingreso de Maduro, y a los integrantes de la cúpula de gobierno, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias, en cumplimiento de acuerdos del Grupo de Lima, bloque que presiona por la salida del poder del mandatario socialista. (AFP)

El ilegítimo gobierno de denunció que Perú retuvo momentáneamente y negó el ingreso al país a dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la oposición venezolana acusa de chavista.

“Se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a ”, señaló la cancillería en un comunicado, en el que consideró el caso como un “atropello” que viola acuerdos internacionales.

Los jueces tenían previsto asistir en Lima a una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, recordó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano controlado por los chavistas.

En enero pasado, Perú prohibió el ingreso de Maduro, y a los integrantes de la cúpula de gobierno, además de disponer el bloqueo de sus transferencias bancarias, en cumplimiento de acuerdos del Grupo de Lima, bloque que presiona por la salida del poder del mandatario socialista.

La medida se extiende a familiares de Maduro, a quien el -integrado por una docena de países latinoamericanos y Canadá- considera gobernante ilegítimo, al tiempo que reconoce al opositor y jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino.

Sin revelar los nombres de los magistrados, el régimen venezolano exigió a Lima “evitar que hechos como este se repitan”.

Guaidó acusa al TSJ de servir a Maduro mediante sentencias como las que declararon en desacato al Parlamento, de mayoría opositora y sustituido en la práctica por una Asamblea Constituyente integrada únicamente por el chavismo, que detenta el poder.

Otras naciones como Colombia y Chile han cerrado las puertas a centenares de funcionarios venezolanos, como parte de su presión para forzar la renuncia de Maduro, a quien tildan de “dictador” y al que acusan como responsable principal de la crisis humanitaria que forzó la migración de 3.6 millones de personas desde el 2016.

El gobernante socialista también hace frente a una cascada de sanciones de Estados Unidos, principal apoyo internacional de Guaidó, que incluyen un embargo petrolero y el congelamiento de activos estatales en ese país.

Pero el líder chavista se aferra al poder con el respaldo de los militares, de Rusia y China.