En el fallo, el juez dijo que tanto Johnson como su Ejecutivo habían proporcionado “garantías inequívocas” de que cumplirán con la llamada “legislación Benn”, aprobada por el Parlamento en setiembre. (Foto: AFP)
En el fallo, el juez dijo que tanto Johnson como su Ejecutivo habían proporcionado “garantías inequívocas” de que cumplirán con la llamada “legislación Benn”, aprobada por el Parlamento en setiembre. (Foto: AFP)

Un tribunal escocés consideró hoy que el primer ministro británico, , y su Gobierno han dado “garantías inequívocas” de que solicitarán una extensión del a Bruselas, si no se llega a un acuerdo antes del 19 de octubre.

Al divulgar su dictamen escrito en el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el magistrado Lord Pentland rechazó hoy una demanda que pretendía forzar a Johnson a pedir una nueva prórroga de la salida del de la (UE) de no alcanzarse un pacto.

La iniciativa fue interpuesta por la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit “The Good Law Project”, Jolyon Maugham.

En el fallo, el juez dijo que tanto Johnson como su Ejecutivo habían proporcionado “garantías inequívocas” de que cumplirán con la llamada “legislación Benn”, aprobada por el Parlamento en setiembre, que establece la necesidad de pedir una extensión de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre.

Al mismo tiempo, alertó de que si el líder tory no se atiene a la legislación podría “dañar la confianza mutua” que existe entre los tribunales y los políticos.

Según el tribunal escocés, “no es necesario ni apropiado” aceptar la citada demanda pues el Gobierno ya ha indicado que enviará la carta de solicitud de prórroga a Bruselas si no se llega a un consenso y que no “frustrará” el propósito de la ley.

Lord Pentland tuvo en cuenta unos documentos remitidos el pasado viernes por el Ejecutivo a este tribunal, en los que queda constancia del compromiso del Ejecutivo, en línea con la legislación, de pedir por carta a la UE un aplazamiento que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.

Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante este proceso para valorar las consecuencias legales que podría asumir el jefe del Gobierno si forzara una separación extrema -sin acuerdo-, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

Tras conocerse la resolución, los demandantes adelantaron que planean recurrirlo, mañana, ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial de este país.

Cherry y Maugham formaron parte también de la demanda que se dirimió en el Supremo el pasado 24 de setiembre y que dejó sin efecto la controvertida suspensión del Parlamento decretada por Johnson.

“El tribunal dijo que tiene las promesas del Gobierno de que enviará la carta ordenada por el Parlamento y actuará de manera que no frustre la intención del Parlamento de promulgar la llamada legislación Benn”, señaló Maugham tras conocer que su querella no había prosperado.

A las puertas de la institución judicial, agregó que confía en que esta “tenga razón y en que el Gobierno cumpla la ley, como ha prometido”.

“Pero existe una duda muy real de que el Gobierno actúe según la legislación”, reconoció.

El temor de los demandantes es que, pese a haber señalado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.

Desde Downing Street, un portavoz oficial de Johnson ya indicó la pasada semana que la citada legislación “solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión”, y su contenido, precisó, “puede ser interpretado de maneras diferentes”.

Johnson ha remitido a la UE una propuesta de acuerdo con la esperanza de que pueda servir para negociar un tratado de salida y que propone sustituir la polémica salvaguarda irlandesa, el gran obstáculo para llegar a un acuerdo.

Aunque desde Bruselas están aún analizando ese plan, el Ejecutivo de Irlanda ha manifestado su rechazo al considerar que no cumple los objetivos acordados para la salvaguarda.